El Gobierno hará "todo el esfuerzo necesario" para que se mantenga la marca Seat, después de que el nuevo plan de ajuste de Volkswagen no garantice su continuidad a partir del año 2030 y la condicione a la legislación sobre emisiones y a la demanda de vehículos. Lo ha asegurado el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, quien ha defendido un sello "genuinamente español" que ha permitido a la industria española "adelantarse" a la de otros países gracias a la apuesta por el vehículo eléctrico. Mientras, los sindicatos dejan claro que darán la batalla por el empleo en la fábrica de Martorell (Barcelona).El 'número dos' del Ejecutivo, que durante su intervención en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE ha contado que es propietario de un vehículo de la marca Seat, ha defendido que esos esfuerzos para promover la electrificación constituyen "un elemento de garantía para que pueda permanecer la actividad".Mientras, los sindicatos temen por el futuro de la plantilla en la fábrica barcelonesa de Martorell. CCOO y UGT inciden en que, si bien el futuro de la planta "no está en discusión", la posible desaparición de la marca de cara a a la próxima década tendría impacto en el empleo.En un comunicado conjunto, ambos sindicatos defienden que con los planes que el gigante de la automoción ha puesto sobre la mesa, y que incluyen rebaja de costes, recorte de las inversiones y reducción a la mitad de los modelos que sacarán al mercado, es "muy difícil, por no decir imposible, que cada modelo que se elimine de Seat se sustituya por uno de la marca Cupra"."Nuestra posición de defensa de la compañía Seat S.A. y sus dos marcas es una posición para salvaguardar el tejido industrial y el empleo, no sólo de Seat, sino de todo el territorio", inciden, al tiempo que reclaman a las administraciones que hagan frente común para defender el empleo. A la vez, aseguran que las dos insignias (Seat y Cupra) son complementarias y compiten en nichos de mercado distintos. Así, han puesto como ejemplo la hoja de ruta que han seguido otras grandes empresas para garantizar la actividad de sus plantas, como Stellantis, Ford o Ebro. Los sindicatos mayoritarios inciden en que la defensa de ambas marcas es una "apuesta de país".