La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha aprovechado su discurso en el acto de apertura del año judicial para lanzar un mensaje velado al Gobierno. Ha cargado contra las acusaciones de "lawfare" y las "descalificaciones" a jueces por parte de los "poderes públicos", que a su juicio funcionan como un "instrumento de presión". Desde el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, y en presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, Perelló ha reclamado "lealtad institucional" y respeto a la carrera judicial. "En los últimos tiempos hemos escuchado acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones", ha referido la presidenta. A continuación ha expresado que estas imputaciones tienen una "extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva". Tal y como ha expresado, Perelló considera que "una acusación de esta naturaleza pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al Derecho y compromete, por ello, uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de la jurisdicción y, asimismo, el Estado de Derecho". Por ello, ha querido citar al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, y advertir de que "cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio".Las críticas a las actuaciones concretas de jueces concretos son más graves cuando "proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales". Así lo ha precisado Perelló, y llegado ese punto se ha dirigido directamente a "los poderes Ejecutivo y Legislativo". Cuando estos comentan decisiones judiciales "deben evitar las críticas que menoscaben la independencia de los tribunales o la confianza pública en la Justicia", ha citado a los informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho. Ya en sus propias palabras, ha reivindicado que "no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente esa responsabilidad". Finalmente, ha reivindicado el "respeto" que merece el Poder Judicial, que funciona como "un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances". Los tribunales, "ajenos a la confrontación política"Además de cargar contra los ataques a los jueces, como los vertidos por miembros del Gobierno contra la magistrada de la Audiencia Nacional encargada de investigar la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, Perelló ha defendido a los miembros de la carrera judicial. Ha expresado que "los tribunales resuelven los conflictos conforme al Derecho y con las garantías del proceso, ajenos a la lógica de la confrontación política". La confianza en la justicia es "un valor que a todos nos incumbe y las críticas en función de intereses partidistas no resultan aceptables". Pero, a pesar de todo, Perelló ha mostrado su seguridad en que "los ciudadanos confían" en la labor de los tribunales, en la tutela de derechos y libertades y "en la lucha contra la corrupción, al margen de ideologías, haciendo que la sociedad se más justa y más digna".