El Congreso de los Diputados ha debatido este jueves el plan propuesto por el Partido Popular para adoptar acciones inmediatas que atajen la crisis en Ceuta. Lo presentaron en forma de proposición no de ley dos semanas después de la entrada masiva para agilizar su debate en el hemiciclo e insistir en la falta de gestión del Ejecutivo. La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido la iniciativa que, principalmente, reclama reforzar la frontera de forma permanente ante el "chantaje perverso" de Marruecos, según ha definido; la devolución de todos los inmigrantes que continúan en territorio español desde el asalto del 30 y 31 de julio, para lo que también exigen un refuerzo en los funcionarios de Extranjería; y otorgar la condición de agentes de la autoridad a los militares para que "puedan defenderse". Álvarez de Toledo ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno por su postura con el país vecino: "Marruecos entiende perfectamente el lenguaje de la firmeza, el problema es que Sánchez solo le habla el dialecto de la sumisión"; y le ha preguntado si estaría dispuesto a utilizar el artículo 8 de la Constitución al que se refirió Alberto Núñez Feijóo el pasado martes para "defender la soberanía nacional" si vuelve a producirse un episodio como el del pasado mes de julio. Asimismo, ha criticado las palabras de Pedro Sánchez de este miércoles en las que afirmó que Ceuta debe asumir una "realidad estructural" relacionada con la inmigración. "Condenó a España al destino que imponga Rabat", ha respondido la diputada popular, para añadir que "la única realidad estructural es la deserción de un Gobierno terminal". Los informes desclasificados por el Ejecutivo sobre los avisos previos a la entrada masiva han sobrevolado el debate e incluso los socios de la investidura de Sánchez han reprochado al Gobierno haber sido "incapaz" de anticiparse a los hechos que finalmente ocurrieron a pesar de las alertas. "Se han producido gravísimos errores", ha afirmado Isidre Gavin, de Junts, para reprochar que "nadie ha asumido responsabilidades políticas" por no haber tomado decisiones a su debido tiempo. Por parte del PNV, Mikel Legarda ha censurado la "inacción" del Gobierno "prácticamente durante todo el mes de agosto", su "bamboleante política migratoria" y su actitud al seguir afirmando que "todo se hizo razonablemente bien" cuando en su opinión "todo se hizo razonablemente mal". ERC también ha reprobado al Ejecutivo por no "haber estado al nivel" y no haber ejercido "ni un atisbo de autocrítica". El diputado republicano Álvaro Vidal ha señalado especialmente al delegado del Gobierno en la ciudad autónoma tras la entrevista en la que ha negado que los mensajes remitidos por el CNI fueran "alertas" y ha afirmado que es "incomprensible" que todavía no haya dimitido ni él ni ningún miembro del gabinete. Como hiciera el miércoles Gabriel Rufián, Vidal también ha advertido al Ejecutivo de que la actitud que está manteniendo para tratar la situación de Ceuta "será fatal para su recorrido", situándolo como un escándalo "muy por encima" de los que les han precedido y avisando de sus posibles consecuencias en las urnas. Eso sí, los socios también han cargado contra el Partido Popular por negarse a acoger a las menores inmigrantes. Génova apuesta por agilizar la tramitación de los expedientes para devolver cuanto antes a todas las personas que entraron por la frontera el pasado mes de julio y rechaza la reubicación de las menores por la Península. De hecho, Álvarez de Toledo ha criticado que se tramitaran en dos meses "más de 600.000 expedientes de regularización" mientras que en Ceuta se han producido "apenas mil triajes en 40 días", por lo que ha reclamado que el Ejecutivo paralice el primer procedimiento para dedicar todos esos esfuerzos a la ciudad autónoma. En opinión de las formaciones políticas que siguen sosteniendo al Gobierno, facilitar el traslado de las menores a las comunidades autónomas "aliviaría la situación de Ceuta" pero, según la socialista María Carmen Sánchez, "Feijóo no lo hace porque no quiere enfrentarse a Vox". Desde el PNV critican al PP que "reclaman que sean expulsados pero no facilitan los pasos previos para que puedan agilizarse los expedientes administrativos" y vislumbran un interés por "deteriorar al Gobierno"; mientras que ERC considera que "solo una visión punitivista" para tratar la situación en Ceuta no es suficiente. Algunos de los puntos de la proposición no de ley ya han sido adoptados por el Gobierno, como declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional y convocar al Consejo de Seguridad Nacional, solicitar el despliegue de Frontex, impulsar la presencia de ambas ciudades autónomas en el Comité Europeo de las Regiones y aprobar un plan económico para reactivar Ceuta y Melilla. Pero para el PP la recuperación de la normalidad en Ceuta también pasa por "activar de manera inmediata los procedimientos legalmente previstos para el retorno voluntario o la expulsión de todos aquellos que accedieron ilegalmente", para lo que reclama desplazar a todas las unidades de Extranjería necesarias y aprobar un calendario que permita culminar su tramitación y resolución. Asimismo, los populares abogan por "garantizar la inviolabilidad de la frontera" a través de cuatro acciones principales: prolongar el espigón del Tarajal, consolidar la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional, implantar un sistema tecnológico de vigilancia marítima y costera y reformar la ley de extranjería para poder ejecutar el rechazo en frontera de quienes accedan por vía marítima. De hecho, el PP anunció que presentaría una reforma de dicha ley tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo pero, según lamentó Ester Muñoz este miércoles, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "la ha guardado en un cajón".