José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un nuevo paso en su intento de anular la investigación de sus negocios en Bolivia. Un informe de la UDEF de la Policía Nacional entregado al juez José Luis Calama el 22 de junio reveló que el expresidente cobró una presunta mordida de 200.000 euros a cambio de influir ante el Gobierno de Bolivia en favor de un conglomerado empresarial llamado Grupo Gloria. La defensa de Zapatero ya solicitó al magistrado dejar ese informe fuera de la causa al entender que no guarda conexión con los hechos investigados. El magistrado desestimó su recurso, de modo que el exdirigente pide ahora a la Sala de lo Penal que enmiende la decisión del juez Calama. En el escrito, al que ha accedido 20minutos, el abogado defensor de Zapatero expone que su cliente es víctima de una investigación prospectiva y de una "intromisión en su intimidad económica". El recurso de apelación es una nueva muestra de la estrategia de defensa del letrado Víctor Moreno, que consiste en intentar buscar grietas procesales que permitan anular la causa, aunque sea parcialmente. El letrado defensor de Zapatero expone diversos argumentos para intentar convencer a la Sala de lo Penal de que el informe de la UDEF sobre Bolivia debe quedar fuera de la investigación. Apunta en primer lugar que la unidad policial lo realizó "sin autorización judicial". A juicio de Moreno Catena, la UDEF ha llevado a cabo una "investigación prospectiva". Es lo que en el lenguaje jurídico inglés se conoce como una fishing expedition, que consiste en realizar una investigación general en busca de posibles indicios de delito, en lugar de limitarse a indagar en los indicios ya existentes. Se trata de una actuación prohibida en el Derecho penal español. Cuando el abogado de Zapatero expuso este mismo argumento ante el juez Calama, no logró hacerle cambiar de opinión. "Solo cabe hablar de investigación prospectiva cuando se inicia una causa contra una persona sin el más mínimo indicio de criminalidad, con el único propósito de escrutar globalmente su conducta para ver qué se encuentra", respondió el magistrado, y recordó que la instrucción penal es un proceso de "cristalización progresiva" que se "perfila y amplía" conforme progresa. Víctor Moreno disiente ahora del auto de Calama. Señala que la premisa del juez justifica que la investigación indage en "cualquier actuación personal o profesional de la vida" de Zapatero. Y añade que la "hipótesis policial y judicial" que sitúa al expresidente como cabecilla de una red de tráfico de influencias "no puede usarse como pretexto para extender la investigación más allá de los hechos" que forman parte de la causa. El abogado cree que la UDEF se ha extralimitado en su indagación de la información bancaria de su representado. "[En el informe sobre los negocios de Zapatero en Bolivia] se analizan las actividades económicas de todo orden de mi representado, tanto de carácter profesional, como de orden personal [...] es decir, se perfila su economía personal y su cuenta bancaria sin ninguna habilitación legal", resume el escrito de Moreno. Finalmente, concluye que la investigación dirigida por José Luis Calama ha dado pie a una "intromisión ilegítima en la intimidad económica" de José Luis Rodríguez Zapatero. El informe de la UDEFEl informe que Zapatero pretende dejar fuera de la causa se elaboró a partir de determinados mensajes de WhatsApp intercambiados por el expresidente y su secretaria, Gertrudis Alcázar, que también está siendo investigada. Los hechos analizados por la UDEF sucedieron entre 2024 y 2025. De acuerdo con la unidad policial, el conglomerado empresarial de Perú Grupo Gloria acudió a Zapatero para que "tratara de mediar o influir en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia". "Con esta finalidad, José Luis Rodríguez Zapatero se habría reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia, como son el propio [ex]presidente de la nación Luis Alberto Arce, los [ex]ministros de Economía y Justicia o el [ex]procurador general del Estado (un organismo homólogo a la Abogacía del Estado en España)", sostiene el informe policial. En concreto, Zapatero se habría involucrado en la petición de amparo constitucional de una empresa llamada SOBOCE contra una demanda de 107 millones de dólares. Dicha solicitud de amparo fue estimada por un tribunal jurisdiccional de Bolivia el 30 de mayo de 2025, en una decisión en la que habría influido Zapatero, según la UDEF. La UDEF localizó un contrato de asesoramiento que identifica como una forma de dar apariencia de legalidad a las mordidas presuntamente ilegales. En el contrato, la empresa peruana Focus Social Research acuerda el pago de 200.000 euros en un año a Zapatero "más una dieta de 10.000 euros diarios en caso de viajes, más el abono de todos los gastos derivados de estos". Tal y como sostiene la unidad policial, no se ha hallado "referencia alguna a gestión o asesoramiento practicado a favor" de la empresa.