Sofía Puente, fiscal y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reivindicado este lunes su trayectoria profesional ante quienes vinculan la polémica sobre la conocida como Ley de Nietos con su relación familiar con el dirigente socialista. "Está muy feo que uno venga aquí a reivindicarse, pero yo hace 30 años que soy fiscal. Dentro de mi mundo, que es el de la Administración de Justicia, él es el hermano de Sofía Puente", ha defendido en una entrevista en el programa Malas Lenguas.Puente se ha referido así al foco político y mediático sobre ella después de que el Tribunal Supremo adoptara medidas cautelares que afectan al derecho de voto de cientos de miles de personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La fiscal ha querido precisar, no obstante, que el alto tribunal "no ha suspendido la instrucción" que ella firmó cuando estaba al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sino que la decisión judicial afecta al ejercicio del derecho de sufragio.La instrucción, publicada en 2022, estableció, entre otras cuestiones, una presunción de la condición de exiliado para determinados españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Puente ha defendido que su finalidad era facilitar la aplicación de la norma por parte de los registros civiles y resolver cuestiones relacionadas con los documentos, los plazos y el procedimiento. "Esa presunción de exilio está aplicada de manera pacífica desde el año 2008", ha sostenido.Puente ha rechazado además las acusaciones de que la medida pretendiera ampliar el censo con fines electorales. Durante el programa se han recuperado unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en las que el líder del PP hablaba de "ingeniería electoral" y de "fabricar votantes". Frente a estas críticas, la fiscal ha defendido que el aumento del censo como consecuencia de la adquisición de la nacionalidad "en sí mismo es neutro", porque no permite conocer de antemano qué opción política escogerán los nuevos electores.A su juicio, considerar que la incorporación de cerca de 400.000 personas al censo puede alterar por sí misma el resultado de unas elecciones parte de un "prejuicio". "Cree que van a votar todos en su integridad al Partido Socialista", ha afirmado sobre el razonamiento que atribuye al Supremo, antes de calificar ese planteamiento de "completamente simplista".Puente ha argumentado que reconocer un derecho desde un Gobierno determinado no convierte a sus beneficiarios en votantes de ese partido. Como ejemplo, ha citado distintas leyes y medidas impulsadas por ejecutivos socialistas, desde el matrimonio entre personas del mismo sexo hasta las subidas de las pensiones o del salario mínimo, para defender que ninguna de ellas garantiza el respaldo electoral de los colectivos beneficiados.También ha asegurado que la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero continúa siendo minoritaria. Según ha señalado, quienes solicitaron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática lo hicieron principalmente "por razones sentimentales, por razones nostálgicas, por razones de pertenencia a una patria", y no con el objetivo prioritario de participar en las elecciones.La entrevista ha terminado entrando en el terreno personal. Preguntada directamente por si cree que estaría sometida al mismo escrutinio si no fuera hermana de Óscar Puente, la fiscal ha respondido que está "convencida" de que, de no llevar ese apellido, el debate habría transcurrido "por términos estrictamente jurídicos"."Soy la hermana de quien soy y todo esto forma parte de esta especie de conspiración según la cual todos somos instrumentos al servicio del sanchismo", ha lamentado. Frente a esa idea, Puente ha reivindicado sus propios méritos profesionales y ha recordado que lleva tres décadas como fiscal y que ha desempeñado responsabilidades en la Administración de Justicia desde mucho antes de que su hermano adquiriera relevancia en la política nacional.