El Gobierno ha dado un paso más en su ofensiva contra el Tribunal Supremo por la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados a través de la denominada ley de nietos. Esta vez, además, el cuestionamiento no ha llegado en una entrevista televisiva -como sucedió ayer con el ministro Óscar López-, sino desde la propia Moncloa. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto en duda la imparcialidad de algunos magistrados y ha sostenido que determinadas decisiones judiciales no parecen responder únicamente a criterios jurídicos, sino que pueden suponer una forma de "inmiscuirse en la política". Un mensaje que el propio Ejecutivo ha hecho suyo a través de la portavoz, Elma Saiz, que ha asegurado que Puente "constata lo que todos" los ministros opinan, aunque cada miembro del Gobierno pueda expresarlo "de una manera" distinta.El nuevo salto en el discurso del Ejecutivo llega solo un día después de que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, cargase también contra la actuación judicial y hablase de "salvapatrias" y "lobos solitarios" que hacen "lo imposible" por "derrocar" al Gobierno. Moncloa endurece así el choque al pasar a poner abiertamente el foco en la actuación y la imparcialidad de algunos magistrados desde la sede del Ejecutivo. Puente ha advertido incluso de que determinadas decisiones abocan al Poder Judicial a "cavar aún más su propio desprestigio". "Allá ellos", ha rematado.Buena parte de sus críticas han tenido como destinataria a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que en un comunicado censuró las "descalificaciones" lanzadas desde el Ejecutivo contra los jueces. Puente, que ha acusado a esta asociación de "corporativismo", le ha reclamado que mire también hacia dentro de la carrera judicial y se pronuncie sobre los contactos entre dirigentes del PP y miembros de la judicatura y la Fiscalía. En ese contexto ha señalado directamente a Antonio Narváez, ponente del auto del Supremo, y se ha preguntado si reúne la necesaria "apariencia de imparcialidad" después de las declaraciones que le atribuye en reuniones con Alberto Núñez Feijóo en 2023.El ministro ha recordado que Narváez habría expresado su deseo de que Feijóo llegase al Gobierno, defendido la derogación de leyes aprobadas por el PSOE y sembrado dudas sobre Indra y el recuento electoral. Con esos antecedentes, Puente ha cuestionado que sea "el ponente más adecuado" para resolver sobre una cuestión de estas características y ha reclamado al Poder Judicial pronunciamientos "más valientes y realistas" ante comportamientos que, a su juicio, también erosionan la imagen de independencia de la Justicia.Puente ha rechazado, además, que el problema resida únicamente en las críticas de los políticos a las resoluciones judiciales y ha devuelto esa acusación a los propios jueces. "Si los miembros de la carrera judicial se escudan exclusivamente en las declaraciones que hacemos los políticos, se tapan los ojos y no se dan cuenta de que quienes están poniendo en cuestión la propia imparcialidad del Poder Judicial son los jueces, creo que cometerán un grave error", ha advertido. También ha emplazado a las asociaciones a pronunciarse sobre los magistrados del propio Supremo que han calificado de "despropósito jurídico" el auto relativo a la ley de nietos.Y ha terminado llevando esa crítica directamente al terreno político. "Lo que estamos viviendo no nos conduce a pensar que algunas decisiones que está tomando la Justicia de este país son imparciales y no quieren inmiscuirse en la política", ha afirmado. Puente sostiene así que algunas resoluciones no solo cuestionan la imparcialidad de algunos jueces, sino que entran directamente en la disputa política, y ha pedido a las asociaciones judiciales que adopten una posición "más valiente" y "más realista" sobre lo que está ocurriendo.Pero las críticas a la decisión del Supremo no se han limitado a Puente, que es una de las voces más duras del Ejecutivo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también ha cuestionado el argumento de que la incorporación de estos nuevos españoles al censo pueda alterar el resultado electoral. "La pregunta es quién sabe lo que van a votar", ha señalado antes de recordar que adquirieron la nacionalidad conforme a una ley.Torres ha dado incluso la vuelta al razonamiento empleado para justificar la suspensión: "Quien dice que se adultera el censo, pues se podría dar la vuelta al argumento y por qué no se está manipulando el censo si esta gente no vota". A su juicio, la cuestión debe resolverse garantizando que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos "en igualdad".