La decisión del Tribunal Supremo de mantener suspendido el derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' cierra la puerta al Gobierno a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Solo podrán utilizar la vía del amparo los propios afectados por la medida cautelar, lo cual tampoco deja margen a que el órgano de garantías se pronunciase antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, toda vez que, además, el censo para participar en los comicios se cerraba este mismo lunes.La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada el pasado 10 de septiembre en relación a inscripciones en el censo de residentes ausentes en el extranjero. Tanto la Fiscalía como los servicios jurídicos del Estado habían pedido que se levantaran las medidas cautelares ante la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.La decisión del alto tribunal se conoció el lunes, mientras tenía lugar la tradicional recepción que ofrecen los Reyes en el Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Nada más conocerse que siguen en vigor las cautelares que suspenden el derecho al voto para los nacionalizados por la 'ley de nietos', en el Gobierno trasladaban que iban a revisar todas las opciones posibles para seguir dando la batalla judicial y tratar de revertir la suspensión.Un sector del Ejecutivo consideraba que la Abogacía del Estado sí tenía legitimidad para presentar recurso ante el Constitucional. Sin embargo, otros ministros no lo tenían nada claro y auguraban que sólo podrían recurrir en amparo los propios afectados. Después de estudiar las opciones, los servicios jurídicos del Estado han concluido que la segunda opción es la única posible, según confirman a este periódico fuentes gubernamentales. Así, si un ciudadano que obtuvo la nacionalidad española a través de la 'ley de nietos' considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales con la decisión del Supremo, podrá presentar recurso al tribunal de garantías, pero siempre por su caso personal.El Supremo entiende que "persisten las razones" que les llevaron a decidir una "medida tan excepcional" como la de acordar la suspensión cautelar de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y de los efectos electorales de las inscripciones ya realizadas, "por falta de constancia absoluta del cumplimiento, siquiera aproximado del estado de la cuestión".A su juicio, "no puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla", en alusión a las quejas del Gobierno por falta de tiempo para poder revisar todos los expedientes. "Ni siquiera se ha aportado", de los 163.020 electores nacionales españoles inscritos en el CERA que han adquirido la nacionalidad por aplicación de la 'ley de nietos', "una cifra aproximada de los expedientes de aquéllos, que han sido desglosados", explica el auto.Para los magistrados, "la limpieza y pulcritud en la relación de electores incluidos en el censo, en este caso en el CERA, constituye un valor supremo del que deben despejarse las más mínimas dudas de oscuridad o irregularidad, porque la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de los ciudadanos puede ser puesta en entredicho si existe la más mínima duda de irregularidad"."Todo ello sin olvidar, además, que la existencia de una eventual irregularidad en el censo de electores afecta a todos los demás ciudadanos ajenos a la causa que haya podido motivarla", subrayan. A su entender, "el riesgo sigue existiendo" y "se mantienen los elementos de inseguridad jurídica" ante el "acontecimiento sobrevenido e imprevisto de la convocatoria del proceso de elecciones generales".El Supremo insiste, como ya hiciera al adoptar la suspensión cautelar, en que "el interés general de preservar la pureza del proceso electoral debe prevalecer sobre el derecho de sufragio de quienes figuran inscritos en aquel censo respecto a los cuales la Administración no ha aclarado las condiciones en que se realizó aquella inscripción y la trazabilidad de su acceso al registro consular correspondiente".Con todo, el Supremo emplaza a los afectados por la paralización a que se personen en el procedimiento como parte codemandada y les permite formular alegaciones sobre las medidas cautelares que adoptó. Esto es porque el alto tribunal aún tiene que dictar sentencia sobre este asunto, ya que lo que ha adoptado de momento son unas medidas cautelares que impiden la aplicación de la 'ley de nietos'. En todo caso, no hay una fecha para conocer la sentencia definitiva, pero podría llegar después de las elecciones generales.