La vivienda se ha convertido en el principal problema para casi la mitad de los españoles, pero, aunque la preocupación sea compartida, el impacto de la emergencia habitacional no es el mismo en todos los hogares. Así lo refleja un informe presentado este martes por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, que destaca, apoyándose en los datos del Banco de España, que el esfuerzo necesario para comprar un piso no es homogéneo. Un hogar medio necesita unos 4,3 años de ingresos brutos para acceder a una vivienda en propiedad, mientras que entre los jóvenes y los hogares de origen extranjero el esfuerzo sube hasta los 7,1 y 7,6 años de media respectivamente."Este fenómeno produce además efectos acumulativos. Cuando una parte de la población no puede acceder a la compra, aumenta la presión sobre el mercado del alquiler", advierte el análisis, que señala que ese incremento de la demanda de alquiler repercute a su vez sobre las rentas de estos hogares, dificultándoles el ahorro para acceder posteriormente a una vivienda en propiedad. "Se genera así un círculo de retroalimentación que prolonga la permanencia de muchos hogares en el mercado del alquiler y retrasa la emancipación de una parte importante de la población", explica el informe, que destaca que España es el país de la eurozona donde más se ha deteriorado el acceso a la vivienda desde 1980.En ese sentido, el análisis destaca las dificultades de los jóvenes para acceder a un techo y remarca que no se trata de una cuestión "generacional" sino de un problema estructural que refleja las "tensiones" existentes en el mercado de la vivienda. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo uno de cada siete menores de 30 años vive fuera de casa de sus padres, lo que supone la tasa de emancipación más baja desde que hay registros. Según esos datos, un joven que quiera vivir solo puede necesitar destinar hasta el 98,7% de su salario al alquiler. Desde 2008, los sueldos de los jóvenes han crecido un 10,8% frente a una escalada del 54% en los alquileres. El riesgo de pobreza entre los jóvenes inquilinos se dispara del 25,9% al 43% una vez descontado el pago de la vivienda.El informe de los gestores administrativos señala que la escalada de los precios refleja el "grado de tensión" que existe en el mercado inmobiliario. No obstante, advierte de que estos precios disparados son "un resultado visible de una realidad mucho más amplia" y, por tanto, no basta con actuar solo sobre los precios para solucionar el problema. "Actuar únicamente sobre el precio sin corregir los desequilibrios estructurales que lo generan puede aliviar parcialmente determinados efectos, pero difícilmente modificará el funcionamiento del sistema de forma estable", sostiene el informe, que subraya la necesidad de abordar la crisis habitacional con medidas estructurales.Entre esas medidas estructurales, el análisis de los gestores administrativos hace hincapié en la importancia de recuperar la capacidad productiva para construir suficientes viviendas como para cubrir las necesidades de la creciente población. De ponerse en pie una media de 315.000 pisos al año entre 1970 y 2010 han pasado a levantarse 83.000, es decir, prácticamente una cuarta parte que antes de la crisis. Mientras tanto, se están creando 240.000 hogares nuevos al año. Este desajuste está generando un déficit de viviendas que el Banco de España sitúa ya en 750.000 solo entre 2021 y 2025 y los gestores administrativos subrayan que "no es por falta de suelo o de capacidad técnica sino por la insuficiente producción frente a la creación de nuevos hogares".Para atajar la crisis habitacional los gestores administrativos plantean una hoja de ruta con 30 medidas y con objetivos a 4, 10 y 20 años. Entre otros puntos, abogan por elaborar un programa nacional de producción residencial priorizando las seis provincias donde más déficit de vivienda se acumula (Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga), movilizar todo el suelo disponible que no esté protegido o sea superficie cultivable y simplificar y revisar los procedimientos administrativos para la construcción de vivienda. Al mismo tiempo, también piden generar más confianza en el mercado del alquiler, con un sistema público-privado de garantía frente al impago en el alquiler de vivienda habitual y compensaciones automáticas al pequeño propietario en caso de suspensión de desahucio."Ninguna de estas medidas por separado resuelve el problema, pero su aplicación sostenida en el tiempo sí puede transformar la capacidad del país para responder a él", subraya el informe, que rechaza que la solución esté en un decreto como el aprobado hace una semana por el Gobierno y reclama una solución mucho más estructural. "La solución no es un decreto: es un sistema. Hace falta suelo, agilidad administrativa, seguridad jurídica y construcción sostenida, todo a la vez", recalca.