Casi medio siglo después de abandonar el Sáhara Occidental, España continúa gestionando su espacio aéreo desde Canarias. Y es que, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez respaldase en 2022 la propuesta de autonomía de Marruecos para el territorio, administrar el tráfico aéreo de una zona y ejercer la soberanía sobre ella son dos cuestiones completamente diferentes.El Sáhara Occidental permanece en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas desde 1963, pendiente de completar su proceso de descolonización. Eso sí, la organización internacional recuerda que España comunicó en febrero de 1976 el fin de su presencia en el territorio, pero que el acuerdo firmado en Madrid en 1975 no transfirió la soberanía sobre el Sáhara a Marruecos ni a Mauritania. . ¿Quién controla la gestión aérea desde la retirada española?La gestión del espacio aéreo se articula mediante las regiones de información de vuelo, conocidas como FIR. Estas áreas delimitan dónde se prestan servicios de información y alerta a las aeronaves, pero no determinan por sí mismas a quién pertenece el territorio que se encuentra debajo. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo especializado de Naciones Unidas, establece las normas internacionales de navegación aérea. Su documentación distingue entre la soberanía sobre el espacio aéreo y la responsabilidad de proporcionar servicios de tránsito aéreo. De hecho, una FIR puede incluir zonas sobre aguas internacionales o espacios cuya soberanía no está determinada. En el caso del Sáhara Occidental, España mantiene la gestión de los servicios de navegación aérea a través de Enaire y del Centro de Control de Canarias. La documentación aeronáutica española incluye el área sahariana dentro de los mapas de cobertura de información de vuelo. Esta continuidad operativa permite organizar los vuelos en la región sin que ello resuelva la disputa política sobre el territorio. El nuevo rumbo del espacio aéreo En marzo de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó al rey Mohamed VI su respaldo al plan marroquí de autonomía, al que calificó como "la base más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto. La declaración conjunta que acompañó la normalización de las relaciones bilaterales incluyó, en su séptimo punto, el compromiso de iniciar conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos.En 2025, el Congreso debatió una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para garantizar la continuidad de la gestión española. La iniciativa defendía mantener la supervisión de Enaire y reclamaba transparencia sobre las conversaciones con Rabat. Cabe aclarar que el control español se ha pensado con un fin práctico para ambas partes: la coordinación entre centros de control, información aeronáutica actualizada y procedimientos de seguridad para los vuelos civiles.