El rechazo del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha frenado la iniciativa de los conservadores de remitir un comunicado de apoyo a la jueza que procesó al hermano del presidente, Beatriz Biedma. La magistrada está personada como perjudicada en la causa de las supuestas cloacas del PSOE en la Audiencia Nacional, dado que presuntamente fue objeto de seguimientos e intentos de hostigamiento por parte de un exjuez vinculado a Leire Díez. El sector conservador ha planteado mostrar públicamente la "profunda preocupación" que estos hechos suscitan al CGPJ. Los nueve vocales progresistas han tumbado en el Pleno la remisión de este comunicado, por motivos que los conservadores no alcanzan a "entender", según han comunicado después a los medios. El sector progresista defiende que el Consejo debe "ser prudente y mantener una estricta neutralidad en relación a cualquier hecho sometido a una investigación judicial". El organismo debe "preservar y respetar la independencia de quienes investigan y evitar pronunciamientos que puedan interpretarse como una valoración anticipada de los hechos", subrayan estos vocales. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ahonda en estos momentos en las diversas actuaciones de las cloacas contra Beatriz Biedma. En la causa consta que Leire Díez y su socio Javier Pérez Dolset contactaron con el exjuez Sáenz de Tejada, se reunieron con él y planearon iniciativas como la presentación de querellas y el intento de recusación de la jueza Biedma. Ahora bien, en la causa empiezan a aparecer otros hechos cuya realidad aún debe acreditarse indiciariamente. La líder de un clan de narcotraficantes de Badajoz, Cintia Rocho, ha testificado ante la UCO y confirmado que Sáenz de Tejada planteó emprender un ataque físico contra Biedma. La propia instructora ha relatado ante el juez que ella misma ha podido corroborar este extremo en conversaciones con los letrados de Cintia Rocho. Este martes, Pedraz acordó imputar a Sáenz de Tejada y llamar a declarar como testigo a uno de los abogados de la líder del 'narcoclan'. Estos acontecimientos, apenas indiciarios todavía, han llevado a los conservadores del CGPJ a entender que es su deber firmar un comunicado de apoyo a Beatriz Biedma. "Sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales, el Consejo quiere trasladar a la magistrada su cercanía, solidaridad y respaldo institucional", recoge ese escrito. Y continúa: "Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación. La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos. El Consejo quiere transmitir a todos los jueces y magistrados un mensaje inequívoco: no están solos en la defensa de su independencia. Ante cualquier intento de perturbarla, el CGPJ ejercerá con firmeza las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye y adoptará las medidas necesarias para que jueces y magistrados puedan cumplir su función con libertad, serenidad y exclusivo sometimiento a la ley. Defender la independencia de cada juez es defender el Estado de Derecho".