Algo más de una semana después del accidente ferroviario en Urda (Toledo) que dejó 69 fallecidos, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación para determinar si ha habido posible fraude de fondos europeos en las obras de mantenimiento de la Alta Velocidad en España. Se trata de la segunda indagación de este tipo, tras la que se puso en marcha después del accidente de Adamuz.La Fiscalía está llevando a cabo estas medidas de investigación en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas de España, matiza la institución en el comunicado."Esto se produce tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta a los fondos de la UE destinados a la renovación y mejora de los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que se produjo el trágico accidente el 28 de octubre de 2026, cerca de Urda, en la provincia de Toledo", añaden literalmente.Además, cabe destacar que la investigación, que cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se inició por iniciativa propia de la Fiscalía Europea, que está actuando ya de oficio. "Esta confirmación excepcional se produce tras el gran interés suscitado entre la opinión pública y, por el momento, no se harán públicos más detalles", matiza la Fiscalía.Se trata de la segunda investigación de este tipo que se abre sobre las autoridades ferroviarias y políticas en España. Y es que en marzo de este mismo año se abrió otra relacionada con la misma línea ferroviaria de alta velocidad, afectada también por el accidente de Adamuz, en el que murieron un total de 46 personas.Eso sí, estos dos procesos avanzan de forma paralela a las causas judiciales abiertas en Toledo y Córdoba para esclarecer el origen de ambos siniestros y determinar si existen responsabilidades penales. Mientras los juzgados de Orgaz y Montoro investigan las causas de los accidentes, el organismo europeo trata de averiguar si se hizo un uso irregular del dinero procedente de la Unión Europea. En el caso de Adamuz, la Audiencia Nacional ha nombrado al juez José Luis Calama para supervisar las diligencias como magistrado de garantías, mientras que otro juez asumirá esta función en la investigación relacionada con Urda.El foco de ambas investigaciones está puesto en los 111,6 millones de euros que la Comisión Europea concedió a España en junio de 2024 para renovar la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, la más antigua del país. La ayuda, procedente de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder), estaba destinada, entre otras actuaciones, a sustituir raíles y traviesas. Para comprobar si el dinero se empleó correctamente, la Fiscalía Europea ha solicitado los contratos y los expedientes de las obras correspondientes a los tramos en los que se produjeron los dos accidentes.