Podemos vuelve a la carga contra Frente Amplio a una semana de que comience la campaña electoral e insiste en erigirse en la "izquierda fuerte" que, sostiene, España necesita. Este viernes, su candidata, Irene Montero, ha defendido que en la última legislatura la alianza, antes denominada Sumar, "no ha arrancado ningún derecho [al PSOE] en estos años de Gobierno". "Lo más importante ha sido la regularización de inmigrantes y lo conseguimos Regularización Ya y Podemos", ha señalado la exministra de Igualdad en un desayuno informativo de Europa Press.Montero ha afirmado que "es evidente" que desde su formación han sido "muy críticos con las decisiones políticas de Frente Amplio y con su cercanía al PSOE", y ha reiterado que a la vista de ello era "muy difícil" lograr un acuerdo de unidad de la izquierda a gran escala de cara a las elecciones del 29 de noviembre, más allá de la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, donde sí alcanzaron un pacto. La candidata de Podemos asegura que no se conforma "con parches" a la hora de abordar los problemas de la ciudadanía, principalmente en materia de vivienda y la inflación, y que son indispensables reformas "estructurales". Sobre la posibilidad de apoyar una hipotética investidura de Pedro Sánchez en el caso aparentemente improbable de que consiga aunar una mayoría suficiente para repetir mandato, Montero lo ha condicionado a que baje por ley los precios de la vivienda y de la cesta de la compra y que se prohíba la especulación inmobiliaria.Por otro lado, en el caso de que Podemos no consiga escaño el próximo 29N (las encuestas le dan, por el momento y en el mejor de los casos, solo uno), la exministra ha explicado que la formación "va a seguir haciendo política siempre" y que su proyecto no desaparecerá. "Podemos es su militancia", ha expresado. El Gobierno "viola los derechos humanos" en CeutaDurante el acto, Montero también ha hecho referencia al reciente informe de Amnistía Internacional que ha elevado a 50 los casos de maltrato a los inmigrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales del 30 y 31 de julio. La exministra ha lanzado acusaciones durísimas al Ejecutivo, al que acusa de ir en contra del derecho internacional. "La tortura que se hace a los inmigrantes en Ceuta es una gravísima violación de derechos humanos ejecutada por el Gobierno de España. Lo digo sin paños calientes", ha lanzado la candidata, apuntando en concreto al Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles. Asimismo, Montero también ha insistido en que el Ejecutivo ha originado una emergencia humanitaria en la ciudad autónoma "de manera premeditada", pues "se podría haber evitado con hacer una acogida [de inmigrantes en la Península] para la que España está preparada". Destinar el gasto en defensa a nacionalizar RepsolEntretanto, la todavía eurodiputada de Podemos ha propuesto destinar los 24.000 millones de euros en los que, según sus cálculos, ha aumentado el gasto militar desde 2023 a nacionalizar Repsol, contratar 40.000 profesionales sanitarios y otros tantos docentes, expropiar el uso de viviendas de fondos buitre y crear un supermercado público, entre otras medidas. "Para que luego digan que no hay dinero, pues el Gobierno sí ha encontrado para armas, sobradamente. Y este incremento se ha producido sin una sola votación parlamentaria y sin un solo acuerdo democrático", ha aseverado.Asimismo, ha propuesto elevar hasta los 1.000 millones de euros el presupuesto destinado a combatir las violencias machistas y remunerar el permiso de ocho semanas para el cuidado de hijos. "Se puede hacer simplemente si decidimos que el dinero que este Gobierno de PSOE y Sumar, ahora Frente Amplio, está gastando en armas se gaste en cuidar la vida de la gente", ha defendido.Para Montero, "es inconcebible que la mayoría de las personas de este país viva literalmente para pagar las facturas, para trabajar y que su salario se lo lleven las empresas que hacen negocio". La candidata ha invocado el Artículo 128 de la Constitución, que establece que toda la riqueza del país está subordinada al interés general, para señalar que "no se cumple" y que su propuesta es que el dinero "baje de arriba [en referencia a los más ricos]" y sea "devuelto a las familias". Otras de las propuestas en las que la eurodiputada ha insistido ha sido en subir el salario mínimo interprofesional a 1.800 euros al mes, reducir la jornada laboral a 30 horas semanas y adelantar la edad de jubilación a los 63 años.