La patronal de los centros de datos, SpainDC, ha lanzado un manifiesto que reclama al Gobierno "revisar" el real decreto que ultima para regular por primera vez esta actividad en España y cuyas exigencias en materia energética rechaza el sector porque "impone condiciones técnicamente inviables o económicamente desproporcionadas". Insiste en que ponen en riesgo inversiones de hasta 67.000 euros que podrían movilizarse para no quedar "a la zaga" y que España podría perder "la oportunidad histórica" de albergar la economía digital que soportan estas instalaciones.El Manifiesto por una España digital, competiva y soberana de SpainDC ya tiene 160 adhesiones para "reclamar la revisión del proyecto de real decreto para garantizar que sus exigencias sean técnicamente viables, proporcionadas y compatibles con la competitividad de España". "Pedimos que se corrijan las condiciones que comprometen el desarrollo de los centros de datos y que la regulación se apoye en una evaluación rigurosa de sus consecuencias sobre la inversión, el tejido empresarial y el conjunto de la economía", incide un texto lanzado unas semanas después de que el Ministerio para la Transición Ecológica modificara las condiciones con las que busca garantizar que el sector es capaz de autoabastecerse de electricidad de origen renovable para funcionar y que, como las primeras, SpainDC rechazó de plano."Se nos hace elegir entre el tipo de soga con la que queremos ahorcarnos como sector", criticó entontes la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, tras conocer que la alternativa que daba Transición Ecológica a la inasumible a ojos del sector obligación de garantizar un consumo del 80% de electricidad verde en cada una de las horas era un periodo de transición de cinco años con exigencias horarias del 60 y 70%, pero a condición de estar obligados ser los primeros en parar cuando Red Eléctrica así se lo solicite a la industria para hacer frente a picos de consumo."La protección del medio ambiente y el progreso tecnológico deben reforzarse mutuamente. Una norma que frene las infraestructuras necesarias para la transformación digital comprometería ambos objetivos y el interés general", indice el manifiesto que ya han suscrito, en el ámbito de la energía verde, la Asociación de Empresas Eólicas o APPA Renovables, así como ANESE o ADIGITAL en el ámbito digital. No figura, por ejemplo, el sector fotovoltaico, que resultó especialmente beneficiado en la última modificación del borrador del decreto, que elimina para las plantas solares la exigencia de una antigüedad no anterior a 36 meses -ampliada desde los 18 en un primer momento-, lo que les pemitirá alimentar los centros de datos con vertidos de electricidad que ahora no se consumen en el momento.Los centros de datos reclaman una "estrategia nacional" que los reconozca como "infraestructura estratégica", que "anticipe las necesidades energéticas y de red, "preserve la seguridad jurídica", "agilice la tramitación de los proyectos y "proteja las inversiones realizadas".Dictámen del Consejo de Estado y aprobación SpainDC lanza su manifiesto en la recta final del proceso legislativo para al aprobación de la norma que por primera vez los regula en España, en el que el jueves pasado se cumplió el último trámite previo antes de que pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros.El Consejo de Estado debía emitir su dictámen al último borrador, que precisamente se modificó para enviarlo a este órgano consultivo. Su opinión no es vinculante y, de momento, tampoco es conocida. En SpainDC aseguran que no conocen el contenido del dictamen que se despachó en la reunión del Consejo de Estado del jueves pasado y sobre el que un día después dejó clara una posturam que consiste en "confiar" en su "independencia y rigor jurídico"."Esperamos que su dictamen haya examinado en profundidad las cuestiones planteadas durante la tramitación de una norma que suscita serias reservas jurídicas y de proporcionalidad, y cuyas consecuencias podrían comprometer gravemente el desarrollo de la industria en España", apuntaron fuentes de SpainDC, que también trasladó al Consejo de Estado sus observaciones sobre aspecto de la norma.