Que el debate sobre la vivienda ocupe por fin el centro de la agenda política y social es el resultado de una movilización ciudadana incesante. Nos demuestra que algo se mueve y marca el inicio de un cambio cultural imprescindible para garantizar un derecho constitucional que hoy, para demasiada gente, es una quimera. Rara es la persona que no conoce de cerca esta crisis: desde dolorosos desahucios como el de nuestra vecina Maricarmen, hasta alquileres inasumibles que asfixian a las familias trabajadoras, una juventud que se ve obligada a posponer indefinidamente su proyecto de vida o la angustia de no poder encender la calefacción por miedo a una factura imposible de pagar.La crisis actual es la consecuencia de décadas de incomparecencia institucional y de un juego especulativo que ha tratado un derecho básico como un simple tablero de Monopoly. La radiografía habla por sí sola: un millón de personas desahuciadas desde la crisis de 2008, un 40% de inquilinos en situación de sobrecarga económica severa, 18 millones de hogares viejos o energéticamente ineficientes (que suponen ya el 15% de las emisiones de CO2), ciudades convertidas en un parque temático y un puñado de grandes tenedores dictando las reglas del juego. Frente a este drama social, los cantos de sirena que piden liberar el suelo y construir sin control están lejos de ser la solución. No funcionó durante la burbuja inmobiliaria, cuando se edificaban 750.000 viviendas al año sin que por ello bajara el precio. Tampoco resolverá nada hoy, con una Sareb, "el banco malo", que arrastra aún casi 30.000 millones de euros de deuda heredada de aquel colapso. A su vez, la emergencia climática —que ya nos cuesta un 1% del PIB anual y que nos ha golpeado con la brutalidad de eventos extremos como la DANA en Valencia o el incendio de Los Gallardos en Almería— nos exige tratar el suelo como un bien común que debemos cuidar y proteger.Para salir de este bucle no sirven varitas mágicas ni desregular leyes ambientales y alimentar cementeras sino voluntad política para reforzar el papel de las administraciones y maximizar los recursos existentes desde la lógica de la regeneración urbana y la transformación del parque de viviendas existente. En una encuesta reciente, desde Greenpeace preguntamos a la ciudadanía qué modelo urbano prefería: el de ciudades como Miami, Las Vegas o Dubái —caracterizado por la especulación, hiper turistificación y dependencia del coche— o la apuesta de Copenhague o Viena por la calidad de vida, las zonas verdes y los servicios de proximidad. La respuesta fue abrumadora a favor del segundo modelo, humano y sostenible, al margen de la edad o la opción política de las personas encuestadas.Por todo esto, desde Greenpeace defendemos una política integral de vivienda con la propuesta Tu llave de la vivienda digna, que exige cambiar las prioridades y convertir la nueva edificación en el último recurso, tras agotar la regulación del mercado, la movilización de la vivienda vacía y la rehabilitación del parque edificado. Para actuar con coherencia y justicia social, articulamos la propuesta en tres pilares fundamentales:En primer lugar, pinchar la burbuja especulativa, proteger los barrios de la sobre turistificación, movilizar la vivienda infrautilizada y reforzar el escudo social. Necesitamos impedir los desahucios sin alternativa habitacional digna, controlar de forma rigurosa los precios del alquiler en zonas tensionadas e impedir la especulación de los grandes tenedores y operadores de pisos turísticos descontrolados. Antes de recalificar o destruir un solo metro más de suelo, es de sentido común poner en el mercado los 3,8 millones de pisos vacíos que ya existen en España.En segundo lugar, ampliar y blindar el parque público de vivienda de manera sostenida. España no puede seguir a la cola de Europa con un escaso 3,3% de vivienda social protegida. Debemos adquirir e integrar inmuebles existentes para alcanzar, al menos, el 9% equiparándonos a la media europea y garantizando que estas casas queden protegidas de manera permanente para cumplir su función social, a salvo de pelotazos especulativos como los que hemos visto en el pasado.Las recetas que elijamos hoy condicionarán los derechos, la salud, la economía, la acción climática y la cohesión social que tendremos durante las próximas décadasEn tercer lugar, impulsar una rehabilitación energética masiva y con impacto directo en la economía de los hogares. En Greenpeace hemos calculado que es posible rehabilitar 10 millones de viviendas antes de 2040 con una inversión pública anual de 6.000 millones de euros. Esto supondría un ahorro muy relevante de 4.175 millones de euros en las facturas de los hogares, sacaría a 2,5 millones de personas de la pobreza energética, crearía aproximadamente 350.000 empleos, reduciría en 48 millones de toneladas las emisiones de CO2 y nos protegería de la volatilidad del gas que imponen actores como Trump y Putin. Para financiarlo no habría que inventar nada, bastaría con reorientar parte de los 15.000 millones de euros anuales que actualmente destinamos a subsidios fósiles, además de prolongar los incentivos fiscales hasta 2030 y movilizar el ahorro junto a la inversión pública mediante fondos europeos y del ICO.Las recetas que elijamos hoy condicionarán los derechos, la salud, la economía, la acción climática y la cohesión social que tendremos durante las próximas décadas. Aunque los decretos que se votarán en la Diputación Permanente esta semana y las medidas de los últimos años —Ley de Vivienda, Plan Estatal de Vivienda, uso de fondos europeos e incentivos fiscales— marcan un avance positivo, se quedan cortos frente a la magnitud de un reto que exige ir mucho más lejos. Pero las grandes conquistas sociales no nacen en solitario en los despachos; se logran cuando la ciudadanía se une y alza su voz. Por eso, este 11 de noviembre, uniendo la fuerza de la huelga y de la calle ante un sistema injusto, tenemos una oportunidad clave para encontrarnos en una movilización profundamente humana, diversa y pacífica, demostrando que el derecho a una casa, un hogar y un planeta para habitar nos une a la mayoría.Tras el impulso de la calle, la ciudadanía exige propuestas a la altura del reto, sin falsos atajos, y que la vivienda, al igual que otros derechos básicos, deje de ser un activo financiero en unas pocas manos y se convierta en un derecho garantizado y un pilar de nuestro bienestar. Esto es, en última instancia, lo que votaremos el 29 de noviembre. Nos vemos en las calles y en las urnas para transformar la indignación en esperanza y exigir el futuro que nos pertenece.