La huelga general convocada para este miércoles constituye una anomalía difícil de justificar. Los sindicatos han decidido utilizar su instrumento de presión más contundente en medio de un proceso electoral. Sobre todo, porque no se dirige contra el Gobierno que ejerce el poder, sino contra otro que todavía no existe. Es una huelga preventiva frente a una hipotética mayoría del PP y Vox, convocada cuando los ciudadanos están a punto de decidir libremente quién debe gobernar.La secuencia resulta reveladora. Dos días después de que Pedro Sánchez anunciase el adelanto electoral, CCOO y UGT comunicaron la fecha de una huelga general para el 11 de noviembre. Tenían margen para reconsiderar el calendario y evitar que una movilización de esta naturaleza interfiriese en la campaña. No lo hicieron. La coincidencia no parece casual, máxime cuando la protesta se presenta también como respuesta a la oposición parlamentaria que rechazó los decretos de vivienda.Naturalmente, el problema del acceso a la vivienda es real. También lo son los bajos salarios y la precariedad. Pero ninguno de estos problemas ha aparecido de repente. Se han agravado durante los años de Gobierno de Sánchez, sin que los grandes sindicatos considerasen necesario convocar una protesta de estas características. ¿Por qué ahora, precisamente cuando el presidente ha decidido someter su gestión al juicio de los electores?Las huelgas generales han tenido históricamente un destinatario reconocible. Felipe González, Aznar, Zapatero o Rajoy afrontaron movilizaciones contra decisiones concretas de sus respectivos gobiernos. Ahora se invierte la lógica: se pretende presionar a quienes todavía no gobiernan y condicionar unas políticas que ni siquiera han podido aprobar. Es una novedad inquietante, porque desdibuja la frontera entre acción sindical y confrontación partidista. Confundir la defensa de los trabajadores con una movilización electoral erosiona su credibilidad ante el conjunto de la sociedad.Hay, además, una imprudencia estratégica. Una huelga general necesita objetivos precisos e interlocutores identificables. Cuando las reivindicaciones son tan genéricas, resulta mucho más difícil movilizar a los trabajadores. Si el seguimiento queda lejos de ser general, el fracaso no será inocuo: CCOO y UGT habrán debilitado su capacidad de presión precisamente cuando podrían necesitarla frente a un nuevo Gobierno.El 29 de noviembre decidirán los ciudadanos quién gobierna España. Los sindicatos tendrán entonces plena legitimidad para valorar las decisiones del nuevo Ejecutivo y oponerse a ellas si lo consideran necesario. Su fuerza dependerá, en buena medida, de que sepan preservar su autonomía en lugar de entregarse a la disputa partidista.