El Gobierno ha aprobado este martes un decreto-ley con medidas para "reforzar" la seguridad ferroviaria que, entre otros aspectos, faculta a los maquinistas u otros trabajadores ferroviarios a tomar por su cuenta "medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente", como por ejemplo, detener un tren o decidir no iniciar la marcha. De la misma manera, les brinda mayor protección frente a "represalias" por denunciar situaciones de peligro, además de reducir el tiempo en que deben estar a los mandos de un tren en la jornada laboral o establecer coeficientes reductores para la jubilación anticipada a trabajadores de este sector.El Ministerio de Transportes ha llevado al Consejo de Ministros un catálogo de medidas, también en el ámbito más puramente laboral, coincidiendo con el primer día de huelga de maquinistas de Renfe, que este martes ha paralizado los servicios de Cercanías en Madrid y de Rodalies, con un seguimiento que desborda los servicios mínimos establecidos. También después de las dos reuniones e intercambio de documentación que han mantenido desde el jueves pasado el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y el Sindicato de Maquinistas (Semaf), convocante de la huelga de esta jornada y de la del 12 y también de la del 17 de noviembre que se extenderá también a Iryo y Ouigo y prácticamente a todo el sector ferroviario.Una de las medidas guarda una relación directa con lo sucedido en el accidente de Urda, cuando un AVE de Renfe colisionó con la cola de un Iryo detenido porque tenía orden de circular a una velocidad normal. A este respecto, el decreto reconoce el "derecho" de los trabajadores ferroviarios a actuar para evitar un "riesgo grave e inminente", como detener o no arranar un tren, aunque con la "obligación de comunicarlo sin demora a los agentes correspondientes".Esta medida forma parte de la llamada "cultura justa" sobre comunicación de riesgos para la seguridad operativa y protección del personal que el decreto incorporará a la Ley Ferroviaria y que incluye también medidas de protección para los ferroviarios que denuncien situaciones de riesgo. Por una parte, el personal podrá comunicar de forma "confidencial" riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación, sin que puedan ser sancionados por ello, aun cuando cese la conducta infractora y se colabore con la investigación.Por otra parte, el decreto establece "protección frente a posibles represalias laborales o sanciones" de quienes comuniquen estos riesgos, siempre que no sean actuaciones "dolosas, de mala fe o negligencia grave".Se reduce el tiempo frente a un tren de la jornada laboralEl decreto -que deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso en un plazo de 30 días- busca "aclarar" también los tiempos de conducción de los maquinistas, introduciendo actividades que a la postre suponen reducir el periodo que durante la jornada laboral deben estar a los mandos de un tren. A partir de ahora, se computarán no solo el que el maquinista esté conduciendo un tren, sino también las maniobras que impliquen en el manejo de un vehículo ferrorivario y las interrupciones de la actividad cuando siga siendo responsable del tren. También se considerará tiempo de conducción cada periodo inferior a 45 minutos que medie entre el momento en que un maquinista deja de conducir un tren y retoma esta actividad o de más de 45 minutos cuando estas interrupciones se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones. También en el plano laboral del personal ferroviaro, el Gobierno se compromete con otra reinvidicación del sector y establece coeficientes reductores para permitir la jubilación anticipada, que serán los mismos qud el Régimen General de la Seguridad Social establece para actividades "excepcionalmente penosas o peligrosas".Acceso de Seguridad Ferroviaria a instalaciones y trenesEl decreto también "refuerza" la capacidad de inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, una entidad dependiente del Ministerio de Transportes a la que los maquinistas reprochan no haber avanzado en los compromisos sobre seguridad que se alcanzaron en febrero pasado. A partir de ahora, las personas y empresas que sean objeto de una "acción de supervisión" estarán "obligadas" a permitir el acceso a sus instalaciones, equipos y trenes.