Iustitia Europa recurrió este martes ante el Tribunal Supremo que no suspenda el voto en las elecciones generales del 29 de noviembre de los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’. Este partido plantea que estos sufragios sean apartados y no sean recontados hasta comprobar cada caso.En un recurso de reposición dirigido a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, la formación que preside Luis María Pardo pidió revocar el auto de este lunes. En esta resolución, el Supremo decidió no suspender cautelarmente el voto en las generales para los hijos mayores de edad que obtuvieron la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos'. Los magistrados rechazaron extender a este colectivo las medidas cautelares ya acordadas desde el 10 de septiembre sobre sus progenitores.En recurso de reposición de Iustitia Europa, al que tuvo acceso Servimedia, esta fuerza política solicita que los sufragios de los hijos nacionalizados puedan recibirse, pero que permanezcan "separados y bajo custodia" y fuera del escrutinio. Así seguirían hasta que la Administración identifique a cada elector, al progenitor del que deriva su nacionalidad y la vía por la que este la obtuvo. Como alternativa, plantea limitar la suspensión a los hijos de los progenitores afectados por las cautelares anteriores.Este partido recurre así un auto que, según el escrito, admite que la ampliación es una "consecuencia directa y necesaria de las medidas cautelares ya adoptadas", pero la rechaza por las dificultades para ejecutarla antes de las elecciones. Para la formación, el Supremo “no concreta una perturbación grave que justifique sacrificar la tutela solicitada”."Puede llegar demasiado tarde"El recurso hace suyo el razonamiento del voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, favorable a la ampliación. “Celebradas las elecciones y computados los votos, la posterior rectificación censal puede llegar demasiado tarde”, sostiene el escrito. Añade que una eventual sentencia favorable “no permitirá separar del resultado los votos que ya se hayan incorporado a él”.La formación subraya que en el auto se alude a que, de las 163.355 personas del colectivo de progenitores examinado, “únicamente 901 contaban con la acreditación que la Sala considera necesaria para quedar exceptuadas de la suspensión”. Según el recurso, esa cifra “revela la magnitud de las situaciones pendientes de esclarecimiento”.Asimismo, reprocha que se tenga ahora en cuenta el retraso de la Administración en facilitar la información. El 12 de octubre, la Sala afirmó que “no puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla”. “La falta de diligencia en el cumplimiento no puede terminar privando de eficacia a las medidas cuya necesidad sigue reconociéndose”, advierte el escrito.189.678 personas que pueden resultar decisivasEl partido pone el acento en el tamaño del colectivo, de 189.678 personas, cuya asignación territorial “puede resultar decisiva allí donde la adjudicación del último escaño dependa de diferencias reducidas”. Por eso, pide conocer cuántas de ellas figuran en el censo aplicable y en qué circunscripciones están inscritas.En una nota de prensa, Pardo avisa de que “después del escrutinio puede ser demasiado tarde: los votos cuestionados podrían haber decidido escaños”. “Advertimos del problema el 28 de junio, cuando todavía había tiempo para comprobar los expedientes”, recuerda, en alusión a la denuncia que su partido presentó ante la Junta Electoral Central (JEC).El recurso concluye que, si no se adoptan las medidas, “se habrá votado con un censo cuyas inscripciones controvertidas no habrán sido debidamente comprobadas”. Ese es, según la formación, el perjuicio que hay que evitar: que la sentencia reconozca la irregularidad cuando “ya haya podido influir en la adjudicación de escaños y en la formación de las mayorías parlamentarias”.