La protección de las familias monoparentales, los hogares con personas con discapacidad y las familias numerosas se ampliará con el nuevo real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros este martes. La iniciativa, impulsada por Pablo Bustinduy, contempla la creación de un título estatal para acreditar la condición de familia monoparental y la extensión de beneficios sociales y fiscales.Según las estimaciones del Ejecutivo, las medidas podrían alcanzar a más de 760.000 hogares, cerca de tres millones de personas, y supondrán un coste de 824 millones de euros anuales. Uno de los principales cambios será que las familias con un único progenitor y dos hijos podrán acceder a los beneficios que actualmente corresponden a las familias numerosas y a las personas viudas con dos hijos.El nuevo título permitirá probar la situación ante las administraciones y entidades privadas. Su expedición corresponderá a las comunidades autónomas, aunque tendrá validez en todo el territorio nacional. ¿Qué cambia con el nuevo real decreto?La reforma también contempla que las familias con dos hijos en las que uno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 33% puedan beneficiarse de las ventajas de las familias numerosas. Hasta ahora, este reconocimiento estaba limitado, con carácter general, a los hogares en los que la discapacidad de alguno de los padres alcanzaba el 65%. El decreto ley, además, introduce modificaciones en los requisitos para obtener la categoría especial del título de familia numerosa. Uno de los cambios es la reducción de cinco a cuatro hijos del mínimo necesario para entrar en este grupo. También se contempla la inclusión de familias con tres hijos cuyos ingresos no superen el 150% del IPREM por cada miembro del hogar.La equiparación con las familias numerosas permitirá acceder a ventajas como la deducción fiscal de hasta 1.200 euros anuales en la categoría general y 2.400 euros en la especial, además de descuentos en el transporte público y mejores condiciones para acceder a determinadas becas. ¿Qué necesita el decreto ley para seguir vigente?Aunque el Consejo de Ministros ya ha dado luz verde a la norma, su recorrido institucional todavía no ha terminado. Al tratarse de un real decreto ley, deberá someterse al control del Congreso de los Diputados, que tendrá que decidir si lo convalida o lo deroga. Una vez promulgado, el decreto debe someterse a debate y votación en un plazo máximo de 30 días.En este caso, la votación corresponderá a la Diputación Permanente del Congreso, al encontrarse las Cortes disueltas. Este órgano mantiene determinadas funciones parlamentarias durante los periodos entre legislaturas y puede ejercer el control sobre los decretos leyes. No se exige una mayoría absoluta de 176 diputados ni es necesario que el Senado participe en este trámite. La votación se realiza sobre el conjunto del texto, sin posibilidad de introducir modificaciones artículo por artículo. ¿Cuándo podrán solicitarse los nuevos títulos y beneficios?La entrada en vigor de la norma y la posibilidad de solicitar las nuevas acreditaciones no tienen por qué coincidir. El decreto deberá establecer sus propias condiciones de aplicación y los procedimientos administrativos necesarios para reconocer a los nuevos beneficiarios.Por tanto, aunque el Gobierno ya ha aprobado la reforma, habrá que consultar el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado para conocer los plazos concretos, los requisitos definitivos y cuándo podrán comenzar las solicitudes en cada comunidad autónoma.