El informe policial entregado en la Audiencia Nacional este lunes señala a gendarmes y policías de paisano de Marruecos como "sujetos activos" que participaron en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta. El documento apunta a Rabat por "la escasa presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos" en la zona y porque los agentes allí presentes llevaron a cabo un "guiado activo de la masa hacia los lugares de paso". Explica que se trató de una acción "planificada" que buscaba el "colapso del sistema de gestión fronteriza" y pretendía "eliminar la capacidad de respuesta por parte de España". El contenido del informe de 55 páginas, al que ha accedido 20minutos, rechaza de plano que las mafias de tráfico de personas estén detrás de lo sucedido a finales de julio y desmonta, por tanto, la tesis defendida por el presidente del Gobierno desde el inicio de la crisis. Asimismo, contradice lo expresado por el Ministerio del Interior este mismo miércoles. De acuerdo con la cartera de Fernando Grande-Marlaska, el director general de la Policía Nacional ha negado que exista ningún informe "que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta". Sin embargo, el documento entregado a la Audiencia Nacional habla de "permisividad policial en Marruecos" y destaca que el 30 de julio no hubo "ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas del perímetro fronterizo". Explica que, según se desprende de vídeos y entrevistas "compartidas en medios de comunicación y redes sociales" muestran "actitudes compatibles con una conducta de facilitación de la inmigración irregular, hasta escenas que apuntan a la monitorización y control del proceso de entrada". El escrito incide en que los inmigrantes entrevistados relataron "de forma prácticamente unánime" que los efectivos policiales marroquíes "les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos". El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional considera que solo cabe analizar lo sucedido como "un proceso con sus correspondientes fases", la previa, la central y la posterior. "No se trata de algo incidental cuya generación pueda asociarse a un factor ocasional o espontáneo", subraya el documento remitido a la instructora de la Audiencia Nacional María Tardón, que debe decidir si le compete abrir una investigación judicial. El escrito destaca igualmente que a partir del 1 de agosto, justo después de la entrada masiva de personas migrantes, hubo un "gran incremento de los efectivos policiales y militares marroquíes" presentes en la frontera con Ceuta, "incluyendo vehículos pesados y controles de carretera". La Policía ve "elementos concurrentes" con los procesos de entrada previos de 2021 y 2025. Además, aprecia que la "experiencia previa" se ha traducido esta vez en "una mejora", resultando en "una acción mucho más compleja y elaborada". La finalidad migratoria fue solo "una cobertura formal" que sirvió para "fomentar impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta". Así lo expone el informe policial, dado que la mayoría de los inmigrantes "no buscaba permanecer en el territorio español". El documento recoge también como un indicio el hecho de que tras la entrada de decenas de miles de migrantes, hubo mensajes "incluso a nivel oficial" que "justifican por parte de Marruecos una reivindicación territorial que cuestiona la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla". El "alto nivel de especialización de tareas" que se apreció "no está al alcance de ninguna estructura criminal de las conocidas por la Policía en esa zona", precisa el documento. El informe se basa en diversos videos e imágenes de fuentes abiertas e identifica a una serie de agentes encubiertos que colaboraron con los gendarmes y que, según la Policía Nacional, cumplieron la función de "monitorización sobre el terreno". En el tramo final de las conclusiones, el escrito enviado a la Audiencia Nacional analiza los efectos que la entrada masiva ha producido en "múltiples dimensiones". Apunta al "impacto institucional", pues se saturaron las "capacidades de prevención, contención, respuesta y asistencia". Añade que existe igualmente un "impacto en la sociedad civil", y explica: "va desde las limitaciones en el ejercicio de derechos a la agitación de perfil sociopolítico, la desinformación, la confianza en las instituciones, el deterioro de la seguridad pública y el impacto en el sistema sanitario". De acuerdo con el CENIF, todo ello conlleva un "efecto colateral de componente geopolítico con el deterioro de la imagen [de España] y un cuestionamiento internacional inducido por la situación generada". También se ha producido una "desestabilización política interna" y un último efecto al que el informe da "especial trascendencia". "Es el cuestionamiento del CNI en la detección de lo ocurrido. La escalada de la cuestión se ha convertido en lo que podríamos calificar como una acción de contra-inteligencia ofensiva de manual".