El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para quejarse de que la jueza María Tardón prohibiera a los agentes investigadores compartir el informe policial sobre Ceuta. El ministro mantiene que la gravedad de la situación requería compartir esta información clave con "superiores y responsables políticos". Perelló se ha mostrado de acuerdo con Marlaska en su apreciación sobre la "gravedad" de la situación, pero defiende la actuación de la magistrada María Tardón. La instructora de la Audiencia Nacional ordenó elaborar este informe policial para poder decidir si compete a este tribunal investigar la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma, que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio. En un inicio, Tardón prohibió a los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) compartir la información recabada. La unidad entregó el informe el lunes, y el martes por la noche sus conclusiones se filtraron en El Español. El escrito policial, al que accedió 20minutos, constata la implicación de autoridades policiales de Marruecos en lo sucedido en la frontera con Ceuta. Marlaska reaccionó de inmediato tras conocer el contenido del informe. En la madrugada del miércoles, remitió una carta al director general de la Policía Nacional para pedirle explicaciones. Quería saber si la información era cierta y, en su caso, por qué no se había puesto a disposición del Ministerio del Interior y del Consejo de Seguridad Nacional. Ese mismo día, la instructora María Tardón dio el visto bueno para que el CENIF compartiera con sus superiores el informe en cuestión. Ello no ha impedido que el ministro del Interior, se dirija a la presidenta del CGPJ para mostrar su "preocupación" ante el veto inicial impuesto por la magistrada Tardón. En primer lugar, el ministro muestra su respeto a la independencia judicial, "como ministro del Interior y también como magistrado". Muestra también su apoyo a la "dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones". Sin embargo, señala que en una situación como la presente, estos principios no deberían ser incompatibles "con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud". Por eso, concluye Grande-Marlaska, debe ser compatible que la policía judicial "informe a los órganos judiciales, para el ejercicio de su función constitucional, a la vez que facilite al Gobierno y a sus miembros, también para el ejercicio de su función constitucional, cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional".Lo primero que destaca Perelló en su contestación es que el Consejo General del Poder Judicial tiene vedado "aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales". Después recuerda que la Policía Judicial tiene el deber de colaborar con los órganos judiciales. Perelló también expresa que está "plenamente de acuerdo" con el ministro en sus "apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis" de Ceuta, "como no puede ser de otra manera". Y, finalmente, apunta que "la actuación de la magistrada [María Tardón] responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto".