La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera a este tribunal el competente para investigar la entrada masiva de inmigrantes ocurrida en Ceuta a finales del pasado julio. En su informe, cree que en este caso podrían concurrir delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal, si bien también avisa que la instrucción deberá determinar si los hechos también supusieron delitos de alteración del orden público o contra la paz o independencia del Estado.Así lo ha comunicado a la jueza María Tardón el fiscal jefe de de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, tras asumir la causa en las últimas horas. En el informe, explica que corresponde a este tribunal investigar los hechos porque lo ocurrido en Ceuta ocurrió tanto en territorio extranjero como nacional y afecta a intereses protegidos por el ordenamiento jurídico español.De acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, y una vez que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han entregado al Juzgado Central de Instrucción número 3 sus respectivos informes con conclusiones preliminares sobre lo ocurrido, el fiscal constata que "una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español".Los hechos que tuvieron lugar los días previos a la entrada masiva y los del 30 y 31 de julio serían constitutivos, sin perjuicio de lo que pueda resultar durante la instrucción, de "delitos cuya investigación corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados", como es la Audiencia Nacional.En esta fase inicial del procedimiento, el fiscal jefe cree, por tanto, que la jueza Tardón debe abrir causa para indagar en lo ocurrido por los mencionados delitos, aunque "la instrucción deberá determinar si los hechos pudieran integrar delitos que afectan al orden público o bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado".De igual modo, Alonso pide en su informe a la magistrada que, "dada la concurrencia de razones excepcionales, se declare el secreto parcial de las actuaciones".