Arranca septiembre y las diversas causas judiciales que cercan al PSOE retomarán pronto el ritmo acelerado que caracterizó al último curso judicial. Mientras la política nacional encara la recta final de la legislatura, los tribunales avanzan en sus pesquisas. De modo que las causas de corrupción seguirán marcando la agenda del Gobierno, que en estos momentos se centra en afrontar la crisis migratoria desatada en Ceuta hace ya un mes. En cuanto a las causas de corrupción, todas las miradas se posan sobre la Audiencia Nacional, que ha asumido la carga de las principales investigaciones sensibles para el Ejecutivo: el caso Zapatero, la investigación de las presuntas cloacas de Ferraz, y varias piezas del caso Koldo. Se podrían dividir las causas de mayor impacto político en dos grupos. Por un lado, la investigación contra el expresidente Zapatero y el llamado caso Leire, que se encuentran en un momento muy incipiente y darán pie a cantidad de citaciones y diligencias en otoño. En un segundo lugar están las distintas piezas del caso Koldo, que avanza a otra velocidad. La Audiencia Nacional investiga los amaños de obra pública que presuntamente dirigió Santos Cerdán desde hace más de un año. También en el marco de esta causa, el juez Ismael Moreno mantiene abierta una pieza separada y secreta sobre los pagos en efectivo del PSOE a sus cargos y empleados. Se desconoce el alcance de esta investigación, pero consta que el comisionista Víctor de Aldama ha aportado en la pieza un sobre con sello de PDVSA que, según afirma, contiene documentos que prueban la financiación ilegal del Partido Socialista. En este contexto en el que las distintas causas que instruye la Audiencia Nacional se entrelazan unas con otras e involucran a menudo a los mismos investigados, el tribunal especializado instruye también varios casos de importantes fraudes en el sector de los hidrocarburos que eventualmente podrían tener implicaciones políticas. En otro plano está el asunto de la amnistía a los líderes del procés. El Tribunal Constitucional comenzará a deliberar sobre su concesión a distintos dirigentes a partir del 22 de septiembre. Septiembre agitadoEl mes de entrada en el nuevo curso judicial se prevé intenso, como lo fueron los últimos meses del anterior año judicial. En las próximas semanas hay previstas varias citaciones que dan cuenta de los avances en la instrucción del caso Zapatero y el de las supuestas cloacas del PSOE. Entre el 7 y el 10 de septiembre desfilarán por la Plaza de la Villa de París, donde se asienta la Audiencia Nacional, testigos e imputados de distintas causas que preocupan en Moncloa y en Ferraz. El magistrado José Luis Calama, que dirige la investigación contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, llevará a cabo dos interrogatorios que se antojan decisivos para el futuro penal del exdirigente socialista. Declararán en su juzgado dos investigados y ex altos directivos de la compañía aérea Plus Ultra, beneficiaria de un rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en 2021. El pasado 19 de mayo, Calama imputó a Zapatero por un delito de tráfico de influencias, en un auto que le atribuye una mediación en favor de dicho rescate y el cobro de mordidas millonarias por esta y otras gestiones. El 21 de julio, semanas antes de terminar el curso judicial, el socio de Zapatero Julio Martínez Martínez declaró ante el juez, acusó al expresidente de influir en el rescate y confirmó el pago de mordidas al exdirigente y a sus hijas. Esa misma semana, los dos exdirectivos de Plus Ultra remitieron al juez sendos escritos en los que también confirmaban que la aerolínea pagó dádivas con el objetivo de que Zapatero influyera en favor de un préstamo que, efectivamente, se concedió. Son el expresidente de la aerolínea Julio Martínez Solá y el exCEO Roberto Roselli. El primero declarará ante el juez el 7 de septiembre y el segundo lo hará al día siguiente. Está previsto que ambos confirmen y amplíen la información que recogían sus escritos. Con lo cuál, Zapatero deberá defenderse no solo de los indicios recabados por la UDEF, también de las acusaciones de tres coimputados que buscan un eventual pacto con la Fiscalía. En cualquier caso, hay una pregunta esencial que nadie ha sabido resolver por el momento y a la que el juez tratará de dar respuesta en los meses sucesivos: ¿Sobre quién desplegó Zapatero su influencia? Se trata de una cuestión clave de la que podrían derivarse responsabilidades penales para alguno de los miembros de los órganos que aprobaron la ayuda: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Consejo de Ministros. El 9 y el 10 de septiembre habrá nuevos avances en la causa de las supuestas cloacas del PSOE. El 9 de septiembre declararán dos imputados: la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, y el abogado Ismael Oliver. A la primera se le atribuye la elaboración de facturas supuestamente mendaces que, de acuerdo con la instrucción, buscaban camuflar los pagos del PSOE a una organización criminal dedicada a intentar "desestabilizar" causas judiciales. A Oliver se le investiga por formar parte de esa supuesta organización y canalizar pagos a la fontanera Leire Díez. El 10 de septiembre comparecerá un tercer investigado en el caso de las cloacas, el exdirector general de la Guarda Civil Leonardo Marcos, para responder sobre las supuestas presiones que habría ejercido sobre la UCO en relación a la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. También lo hará, como testigo, el fiscal jefe de Badajoz, Luis Alonso, sobre una denuncia contra Leire Díez. Ya en las fechas sucesivas, la UCO seguirá analizando diversas fuentes de prueba vinculadas a esta causa y la UDEF continuará desarrollando sus pesquisas en la causa contra Zapatero. Ambas unidades deben analizar gran cantidad de información bancaria relacionada con ambas instrucciones, incluidos los movimientos bancarios de Zapatero y del PSOE, lo que dará pie a nuevos informes policiales.