El plan de Pedro Sánchez para este arranque de curso pasaba por comenzar a marcar terreno de precampaña, recuperar la iniciativa política y volver a colocar en primer plano la agenda del Gobierno. Pero la crisis de Ceuta y su gestión ha trastocado por completo ese guion. Moncloa se ha visto obligada a replegarse y a adoptar una estrategia defensiva, condicionada por un conflicto que no solo ha desplazado sus prioridades, sino que también ha deteriorado aún más su relación con parte de sus socios parlamentarios. Es ahí donde reside uno principales problemas para el Ejecutivo: las bazas con las que aspiraba a relanzar el curso —entre ellas, sacar adelante el decreto de vivienda y presentar en el Congreso un proyecto de Presupuestos— dependen precisamente de unos aliados que hoy exhiben su malestar por la gestión de Ceuta y que pueden subir el precio a su respaldo parlamentario.Ante este escenario, el presidente del Gobierno y líder del PSOE aprovechó este lunes el arranque del curso parlamentario para reclamar a sus diputados y senadores que "echen el resto" para impulsar la iniciativa política en las Cortes. Sánchez puso el foco en algunas medidas que ya están en tramitación, como el blindaje constitucional del derecho al aborto o la reducción de las ratios escolares, pero evitó concretar el calendario de otras iniciativas que Moncloa había situado inicialmente en septiembre y que debían servir para marcar el inicio del curso, entre ellas el decreto de vivienda y los Presupuestos. Por ahora, la agenda inmediata del Gobierno no vislumbra iniciativas con las que recuperar terreno y contrarrestar una crisis política que amenaza con prolongarse durante las próximas semanas.A la investigación sobre lo ocurrido en Ceuta a finales de julio se sumará, además, un otoño judicial muy incómodo para los socialistas, con varias causas llamadas a recuperar protagonismo y a mantener al Gobierno a la defensiva. Entre ellas, las diligencias relacionadas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; las investigaciones sobre las llamadas cloacas del PSOE; o el procedimiento que afecta a Begoña Gómez. Un calendario que amenaza con complicar todavía más el intento de Sánchez de recuperar la iniciativa política y que anticipa semanas de desgaste en varios frentes a la vez.Por ahora, la "prioridad" de Moncloa, en palabras del propio Sánchez, sigue siendo "devolver la normalidad" a Ceuta, aunque el presidente evitó este lunes concretar tanto la hoja de ruta como los plazos para conseguirlo. El siguiente movimiento llegará este martes en el Consejo de Ministros, que aprobará la desclasificación de los informes relacionados con la crisis, aunque la documentación no se hará pública hasta el miércoles por la mañana. Fuentes de Moncloa sostienen que su intención es que los papeles les sirvan para demostrar que no existían avisos previos capaces de anticipar la "magnitud" de la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio y, con ello, tratar de neutralizar las acusaciones contra el Ejecutivo.Ese es, de momento, con lo que el Gobierno pretende rebajar la crisis: acreditar que no podía prever lo sucedido. La maniobra, sin embargo, despierta pocas expectativas incluso entre algunos socialistas, que dan por hecho que buena parte de la documentación que se desclasifique ya es conocida o ha trascendido en las últimas semanas y dudan, por tanto, de que pueda alterar el relato sobre lo ocurrido.El problema para Moncloa es que esa defensa tampoco responde a la principal exigencia de sus socios parlamentarios, que reclaman a Sánchez que señale directamente a Marruecos por su papel en la crisis. Y esa es precisamente una línea que el Gobierno no está dispuesto, por ahora, a cruzar. Este mismo lunes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a expresar públicamente su "confianza" en Marruecos y evitó atribuirle responsabilidad alguna, una posición que evidencia el difícil equilibrio que trata de mantener el Ejecutivo: contener el desgaste interno sin abrir al mismo tiempo una crisis diplomática con Rabat. Esa cautela, sin embargo, estrecha todavía más el margen de Sánchez para recomponer la relación con unos aliados de los que depende buena parte de su agenda parlamentaria.Moncloa vuelve a retrasar el decreto de viviendaEn lo que respecta al nuevo decreto de vivienda prometido antes de verano, en Moncloa la disposición parece diferente a la mostrada en marzo y abril, cuando legó en Sumar la negociación de una norma que abrió una brecha en el Gobierno y que acabó decayendo en el Congreso de los Diputados tras un mes en vigor. Ahora, el propio presidente del Gobierno lo ha situado en varias ocasiones entre uno de los objetivos del Ejecutivo en el nuevo –y último– curso de la legislatura, y el Ministerio de Vivienda está mucho más implicado en las conversaciones con los grupos parlamentarios.La diferencia con respecto a hace cinco meses es sustancial desde el mismo nacimiento del decreto, cuya medida estrella es la prórroga automática de alquileres con contratos en vigor hasta 2026 y 2027: mientras en marzo su aprobación la forzó Sumar al negarse a entrar en un Consejo de Ministros extraordinario, en este caso nació del consenso entre las dos fuerzas que componen el Gobierno. El plan era aprobarlo en el propio seno del Ejecutivo, tras atar los apoyos, antes del parón de verano, pero no consiguieron convencer ni a Junts ni a Podemos, que rechazó de plano que el decreto incluyese una reforma de la ley del suelo. Fuentes de la cartera a cargo de Isabel Rodríguez admiten que la gran dificultad ahora mismo pasa por convencer a un actor tan imprevisible como Junts, que ya dejó caer el decreto en abril y en los últimos meses ha ido dándole cada vez más la espalda a Pedro Sánchez, hasta el punto de pedir que adelantase elecciones. Desde Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, volvió a insistir este lunes en que el decreto tiene que aprobarse en Consejo de Ministros en septiembre. "Debe ser en el mes de septiembre y cuanto antes, no caben más dilaciones, hay que hacerlo ya", afirmó. Pero en Vivienda no lo ven tan claro. En el ministerio comparten que tiene que aprobarse con celeridad, pero el momento en el que se encuentran las negociaciones les ha llevado a ampliar plazos y a apuntar, en contra de lo que prometieron antes de verano, a que van a intentar que esté aprobado (con la votación del Congreso incluida) "antes de diciembre".Fuentes de Sumar admiten que las negociaciones "están estancadas" y que la aprobación del decreto se está retrasando demasiado, aunque son optimistas con que el Consejo de Ministros le dé luz verde, como tarde, en octubre. Más que en una medida en concreto, desde el espacio aseguran que dicho estancamiento encuentra su razón de ser "en el ánimo de los negociadores", en un contexto claramente abarcado por la crisis de Ceuta Sea como fuere, desde Moncloa aseguran que han recogido "las peticiones de los grupos" para estudiarlas y, en caso de que así se acuerde, incorporarlas al decreto.Antes del parón estival, Junts había reclamado públicamente que la norma incluyese medidas orientadas a aumentar la oferta de vivienda y desgravaciones fiscales para pequeños propietarios o para inquilinos con renta inferior a 33.007,20 euros. Ello, además de una iniciativa que nada tiene que ver con vivienda pero que antes de verano continuaba siendo una condición indispensable: la transposición y posterior aplicación de la directiva europea del IVA franquiciado para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. La ley establece que esa debe ser la cantidad máxima que han de cobrar los profesionales para que puedan, si así lo desean, acogerse a dicha medida, pero no cierra la puerta a establecer un límite menor si así lo acuerdan los gobiernos nacionales.Junts quiere que en España el límite figure en los 85.000 euros, pero Hacienda rechaza de plano llegar a esa cantidad por las pérdidas económicas que afrontaría el Estado.