El Gobierno ha mostrado su disconformidad con la decisión del Tribunal Supremo (TS) de paralizar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles inscritos por la conocida como 'ley de nietos'. A su llegada al Senado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que es una decisión "difícil de entender", mientras que el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha urgido a Alto Tribunal a tomar una decisión definitiva "antes de las elecciones de 2027". La Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del TS ha tomado esta decisión solo un día después de la vista judicial en la que tanto Vox como Iustitia Europa solicitaron estas medidas cautelares por los "efectos irreversibles" que consideraban se podrían producir en el censo electoral. El Supremo condiciona en su resolución la inscripción en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) a la certificación de los nacionalizados de ser hijos o nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Por eso, mandata a la Junta Electoral Central (JEC) que requiera esta documentación a los encargados de los registros consulares. Para Bolaños, "no debían haberse adoptado estas medidas cautelares" porque afectan al derecho al voto "de miles de españoles". El ministro ha pedido "respetuosamente" al Supremo que "lo antes posible" resuelva "el fondo de esta cuestión", ya que ha tomado una decisión sobre "lo más sagrado" de la democracia. "Con todo respeto, se lo pedimos desde el Gobierno, para que antes de los procesos electorales de 2027 esta cuestión esté resuelta", ha reiterado.Por último, el ministro de la Presidencia ha pedido no hacer caso a "bulos" porque el sistema democrático de España es "de los más garantistas del mundo" y ha insistido en que algo tan "trascendente" como "privar del derecho al voto a miles de españoles" merece una resolución donde se den "todos los argumentos" que justifiquen una medida de esa envergadura. Sumar ve "una deriva antidemocrática"Entretanto, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, considera que la decisión del Supremo "abre el camino a una deriva antidemocrática". En declaraciones remitidas a los medios, la también co-coordinadora de Movimiento Sumar ha criticado la decisión del Alto Tribunal, al considerarla "tremendamente preocupante" por dos motivos."El primero es que abre el camino a una deriva antidemocrática peligrosísima porque restringe el derecho al voto a quienes cumplen el requisito para ello. Es decir, a personas con la nacionalidad española", ha dicho.El segundo, ha añadido, es que "estamos ante la enésima prueba de que el Poder Judicial no quiere que este Gobierno gobierne", por lo que en su opinión "resulta muy difícil para ninguna persona progresista en este país confiar en la Justicia en estos momentos".La ley de nietos permite, en virtud de una disposición dentro de la Ley de Memoria Democrática dictada el 19 de octubre de 2022, a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, siempre que acrediten los requisitos de haber nacido fuera de España, que el padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual. Sin embargo, una semana después el Gobierno aprobó una instrucción que decía que se "presumirá" la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de nuestro país entre 1936 y 1955.Ahora el alto tribunal dictamina que todos los casos se tienen que certificar y los nacionalizados deben demostrar que son descendientes de represaliados conforme a la norma. Dicho de otro modo, los consulados tienen que acreditar que las nacionalizaciones se realizan conforme a los requisitos de la ley y no de la instrucción para así poder inscribirse en el CERA.