El Gobierno ha cargado este miércoles contra la decisión del Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas en el censo electoral por la 'ley de nietos' y, en concreto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha ido más allá en sus críticas al asegurar que "no tiene encaje constitucional". "Me parece que es una decisión que no tiene encaje constitucional. Lo digo con toda esta contundencia. No entiendo cómo se pueden hurtar los derechos electorales de personas que ya tienen nacionalidad española", ha dicho Urtasun en declaraciones a los medios en el Congreso. De esta forma ha reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la 'ley de nietos', hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles. Su decisión llega al estimar parcialmente la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y Vox en los recursos presentados contra un acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC), que señaló que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía de sus competencias.La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que van a usar "todas las herramientas constitucionales" si se confirma la decisión del Supremo y ha anunciado que el partido que lidera, Más Madrid, va a pedir al Defensor del Pueblo un informe en contra de estas cautelares. Muy crítico ha sido también el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, también del espacio Sumar, al considerar que "decidir quién puede votar y quién no" es algo "ajeno a la democracia". Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, de la parte socialista del Gobierno, ha opinado que la decisión del Supremo no es "explicable ni acertada" y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, la considera un "auténtico despropósito". Además, ha afeado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se alegre de la decisión del Supremo cuando "hace dos años se iba a Buenos Aires a decir que no solo los exiliados por motivos políticos, sino también los económicos tenían que tener derecho a la nacionalidad y, por lo tanto, derecho al voto".El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha acusado a Vox y al PP de "cercenar el derecho al voto" de miles de españoles al impulsar que el Supremo deje en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos.