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El PP insiste en el retorno para que Ceuta no marque un "precedente" y Marruecos deje de presionar con la inmigración "hoy y a futuro"

El PP insiste en el retorno para que Ceuta no marque un "precedente" y Marruecos deje de presionar con la inmigración "hoy y a futuro"

Desde Génova creen que la entrada masiva de julio marca "un antes y un después" y exige una respuesta a la altura, en particular con los menores migrantes.

La única salida posible que el PP baraja para devolver a Ceuta a la normalidad es el retorno de todos los inmigrantes que entraron de forma irregular a la ciudad autónoma a finales de julio, incluidos los menores. Es una postura que los de Alberto Núñez Feijóo llevan semanas defendiendo y en la que insisten en que se mantendrán para evitar que la crisis de Ceuta siente un "precedente". Fuentes populares creen que el rechazo al traslado de los menores migrantes a la Península y a su reubicación en otras comunidades autónomas es una forma de pararle los pies a Marruecos para que deje de usar la inmigración como herramienta de presión "hoy y a futuro"."Ceuta marca un antes y un después", aseguran fuentes de Génova, apuntando a que la magnitud de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio exige que la respuesta que se dé sea lo suficientemente contundente como para que no vuelva a repetirse un episodio semejante. "No podemos cronificar esta situación y no podemos generar un precedente", dijo en ese sentido el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, este lunes. "Quienes entraron de manera irregular en nuestro país deben volver al suyo", zanjó.Frente a la reubicación de los menores por la que aboga el Gobierno, los populares plantean "humanidad, atención y retorno". Es decir, creen que debe ofrecérseles una "atención humanitaria" en Ceuta pero mientras se tramita su regreso a Marruecos con sus familias o, en caso de que estas no se hagan cargo, su retorno bajo la tutela del Gobierno marroquí. "Este es el orden de los factores", explicaba Sémper este lunes, al mismo tiempo que subrayaba que "la política social de Marruecos no puede hacerse en España". "Que la haga Marruecos", recalcaba.El PP sostiene que la nueva normativa europea para el retorno de inmigrantes aprobada en Bruselas antes del verano ampararía esta forma de actuar, pese a que los menores migrantes están más protegidos ante la ley que los adultos y su devolución es más compleja. Sin embargo, denuncian una falta de agilidad en la tramitación de los expedientes. Ya a finales de agosto los de Feijóo instaron al Gobierno a acelerar estos procesos reforzando los servicios de extranjería en Ceuta y "triplicando los turnos" de trabajo, con turnos de "mañana, tarde y noche". "Esto es lo que hay que hacer", recordaba este lunes Sémper. Desde Génova defienden que esta "hoja de ruta" es el cauce para evitar que Marruecos siga utilizando el flujo migratorio irregular como moneda de cambio. Los populares recuerdan que el propio Gobierno marroquí dijo la semana pasada estar dispuesto a "readmitir" a los inmigrantes que cruzaron la frontera hacia Ceuta en la entrada masiva de finales de julio. "¿Por qué no se devuelve a los migrantes ilegales, a pesar de que el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos? ¿Por qué se mantiene a los menores no acompañados alejados de sus familias, cuando Marruecos ha solicitado urgentemente su retorno?", planteaba el comunicado oficial con el que el régimen alauí negó estar detrás de la avalancha. Los de Feijóo se preguntan por qué Sánchez no ha respondido a este ofrecimiento y le afean su inacción y su respuesta "irresponsable" y "negligente" a la crisis. Destacan que el Gobierno ni siquiera ha filiado todavía a todos los menores no acompañados y que le bailan las cifras de cuántos son. Los populares reprochan al Ejecutivo que, 46 días después de la entrada masiva, no haya asumido responsabilidades políticas por la que consideran que ha sido la "mayor crisis" contra la integridad territorial de España y advierten de que se está generando una "peligrosa frustración colectiva" ante la incapacidad del Gobierno de cumplir con "lo más básico: la protección de las fronteras y de los ciudadanos".
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