Con el inicio de un nuevo curso escolar, miles de familias vuelven a afrontar una preocupación que va mucho más allá de los libros, los horarios o las calificaciones: si sus hijos e hijas con discapacidad tendrán realmente garantizado su derecho a una educación de calidad, inclusiva y en igualdad de oportunidades.En España, la legislación reconoce la inclusión educativa, las administraciones la defienden y los centros educativos trabajan cada día para hacerla posible. Sin embargo, la realidad que viven muchas familias demuestra que todavía existe una distancia preocupante entre los derechos reconocidos sobre el papel y su aplicación efectiva en las aulas. Así lo refleja el estudio realizado por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), basado en más de 2.000 respuestas de familias de todo el país.La inclusión no consiste únicamente en escolarizar a un alumno con discapacidad en un centro ordinario. La inclusión implica garantizar los apoyos humanos, materiales y metodológicos que cada niño necesita para aprender, participar y desarrollarse en igualdad de condiciones. Cuando faltan especialistas, orientadores, auxiliares o adaptaciones curriculares, la inclusión deja de ser una realidad para convertirse en una declaración de intenciones.Resulta igualmente preocupante la situación respecto al derecho de elección educativa. Los padres reclaman poder escoger el modelo educativo que consideran más adecuado para sus hijos, ya sea en educación ordinaria o especial. Sin embargo, muchas familias perciben que esa libertad está condicionada por la disponibilidad de recursos, la oferta existente o las decisiones administrativas, generando desigualdades que afectan directamente al interés superior del menor.Pero quizás el dato que más debería alarmarnos sea el relacionado con la convivencia escolar. La inclusión no puede medirse solo por la presencia física en un aula. Debe medirse también por la aceptación, la participación y el bienestar. Cuando una parte tan significativa del alumnado con discapacidad sufre exclusión social, burlas o situaciones de acoso, estamos ante un fracaso colectivo que interpela a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto.La inclusión educativa no puede ser una promesa pendiente. Debe convertirse, de una vez por todas, en una realidad efectiva para todos.