La Audiencia Nacional se hará cargo de analizar la querella de Hazte Oír contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por su papel en la gestión de la crisis migratoria desatada el 30 y 31 de julio. La querella se presentó inicialmente en los juzgados de Ceuta y quedó en manos del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma. Pero la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón planteó a la instructora de dicho juzgado que se inhibiera en su favor. La jueza María de la Luz Lozano ha aceptado dejar el asunto en manos de la Audiencia Nacional, según consta en una resolución a la que ha accedido 20minutos. Tal y como apunta la instructora de Ceuta, será la Audiencia Nacional quien decida si cita como investigado al delegado del Gobierno y si practica las múltiples diligencias solicitadas por Hazte Oír, entre ellas la declaración testifical del exjefe de Gabinete de Pérez Triano, dimitido el pasado viernes. La decisión de la jueza Lozano, alineada con la postura de la Fiscalía, se apoya en el hecho de que existe una "conexión objetiva y subjetiva" entre los hechos investigados por la Audiencia Nacional y los relatados en la querella de Hazte Oír y la denuncia de la asociación Manos Limpias, ambas incluidas en las diligencias previas que inició el juzgado ceutí. Además, la instructora sostiene que la Audiencia Nacional inició su investigación el pasado 7 de septiembre y "conoce la investigación principal", de modo que le corresponde a este tribunal especializado aunar el conjunto de las actuaciones judiciales. Tanto es así, que la jueza de Ceuta no ha querido ni siquiera pronunciarse sobre las diligencias solicitadas por Hazte Oír en su querella. La resolución de esta solicitud debe quedar en manos del "órgano judicial competente, a fin de evitar decisiones que pudieran interferir en la investigación principal", sostiene la resolución del juzgado ceutí. Hazte Oír presentó la citada querella el 2 de septiembre y la amplió este domingo. La asociación denuncia diversos hechos, per hay uno en concreto que está vinculado con una de las líneas de investigación que la jueza de la Audiencia Nacional ya ha puesto en marcha: la respuesta a las alertas previas a la entrada masiva emitidas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI. Tal y como expone la querella, el Centro Nacional de Inteligencia envió un aviso al jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta el 29 de julio a las 13.52 horas. A través de WhatsApp, el CNI avisó de que en redes sociales se estaba llevando a cabo "un llamamiento para asalto por valla y mar a las 20 horas, aprovechando la Fiesta del Trono" en el Reino de Marruecos. En la conversación se advirtió incluso de que los grupos de Facebook en los que se estaban difundiendo estos mensajes sumaban 180.000 seguidores.Según consta en los documentos desclasificados por el Gobierno, el jefe de Gabinete y el miembro del CNI que le puso sobre aviso mantuvieron una llamada telefónica de 11 minutos el mismo 29 de julio. Precisamente el jefe de gabinete presentó el viernes su dimisión alegando lo siguiente: mientras que él asegura que reenvió la alerta del CNI al delegado del Gobierno, este último lo niega.Entre otras muchas diligencias, la asociación Hazte Oír reclama que se aporte a la causa la carta de dimisión del jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, y que se le tome declaración como testigo. Los denunciantes exponen que Sanz debe explicar la conversación telefónica que mantuvo con el CNI el 29 de julio a las 21.34 horas y debe aclarar si se informó de la misma al delegado del Gobierno. Asimismo, Hazte Oír considera que Sanz debe aportar en su testifical la información sobre las instrucciones que recibió de Pérez Triano desde la noche del 29 hasta la mañana del 30.Asimismo, considera relevante la testifical de Sanz para determinar "qué informes y comunicaciones de aviso y alerta se remitieron desde Delegación del Gobierno a los departamentos ministeriales, con expresión de su fecha, cauce y firmante".La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ya advirtió el pasado 7 de septiembre de que "habrán de investigarse" las actuaciones que tuvieron lugar "dentro del territorio español", aunque en este momento de la instrucción no las vincula con ningún presunto delito. Esas actuaciones se refieren a la respuesta de España "en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento".