La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar si Víctor de Aldama cobró ocho millones de euros de Correos sin contrato formal, como él mismo declaró en el Tribunal Supremo, así como otros contratos de esta empresa que Vox considera sospechosos, entre ellos uno de seguridad, uno de climatización y otro vinculado al rescate de Globalia.Según el auto, la Sección Tercera de la Audiencia madrileña estima el recurso de Vox y anula la decisión del juzgado de instrucción número 5 de Madrid, que el pasado 27 de junio había inadmitido su querella. La Fiscalía se había opuesto al recurso y había pedido confirmar el archivo.El tribunal obliga al juzgado a tomar declaración a los querellados y a practicar las diligencias que pide el partido. Una vez conocido su resultado, el juez deberá decidir "con libertad de criterio" si son necesarias nuevas pesquisas.La Audiencia de Madrid considera así que debe investigarse si Aldama cobró ocho millones de euros sin contrato, uno de los elementos que, a su juicio, justifican abrir la causa. Para la Sala, la querella de Vox plantea "hechos y delitos concretos y no una investigación general en búsqueda de actuaciones eventualmente irregulares", y aporta "elementos objetivos directamente constatables y obrantes en registros públicos".La SEPI y el rescate de GlobaliaEntre esos elementos figura una carta del secretario del Consejo y director de Asuntos Jurídicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dirigida al entonces presidente de Correos. Según los documentos aportados por Vox que recoge el auto, esa carta vincula la operación de Correos Cargo con el rescate de Globalia y de su filial Ávoris.El auto se detiene en el contrato de Correos Cargo con la aerolínea Evelop, del grupo Globalia. Según la cláusula sexta, los resultados negativos del ejercicio "serán asumidos íntegramente por Correos", lo que, según los elementos aportados por Vox, supone un traslado sistemático de las pérdidas a las arcas públicas.La Sala recoge también una resolución del tribunal administrativo de recursos contractuales de diciembre de 2024. Se anuló un contrato de seguridad de unos 10 millones de euros adjudicado a la empresa Trablisa, por el conflicto de interés del jefe de Área de Seguridad de Correos, que había trabajado en ella en los dos años anteriores y acabó dimitiendo.En un expediente de climatización, tres lotes adjudicados por 122.389 euros pasaron a costar 479.192 euros tras readjudicarse a una intermediaria, con subidas de hasta el 487%. El auto cita además otros contratos de 18,1 millones y de más de 43 millones, unos correos de una causa de la Audiencia Nacional sobre un contrato enviado antes de su licitación y un informe de Competencia sobre riesgos en el grupo.Una búsqueda a ciegas de delitosEl juzgado rechazó la querella porque solo se sustentaba en noticias de prensa, que a su juicio no constituyen el mínimo indicio exigido para abrir una causa. Consideraba que cualquier investigación sería una búsqueda a ciegas de delitos.La Sala comparte que las informaciones periodísticas no bastan por sí solas para abrir una investigación penal. Advierte de que, de otro modo, se reconocería "una suerte de poder omnímodo a los medios de comunicación para provocar a voluntad el inicio de investigaciones penales".Sin embargo, los magistrados explican que la situación cambia cuando la información contiene "datos objetivos" verificables en documentos de organismos públicos. En ese caso, añaden, esos datos "resultarán susceptibles de una comprobación objetiva y fácilmente verificable", lo que excluye que se trate de "meras sospechas o simples conjeturas".Por ello, el tribunal subraya que, ante hechos que pudieran ser constitutivos de delito, no procede cerrar el caso sin investigar, porque la investigación es "el único medio posible" para comprobar los indicios. La Audiencia no se pronuncia, en cambio, sobre la solidez de las acusaciones, que deberá valorar el juzgado.