Hace menos de un mes que el desahucio de Maricarmen Abascal, fallecida 14 días después de ser obligada a abandonar la casa en la que había vivido 70 años, desató una oleada de protestas por el derecho a la vivienda y agitó el tablero político español. En ese tiempo, el Gobierno ha aprobado dos veces un decreto con medidas contra la crisis habitacional que incluye la suspensión de desahucios a personas vulnerables. El relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada Koldo Casla (San Sebastián, 1985) valora de forma positiva esta "medida de urgencia" —rechazada inicialmente por el Congreso y pendiente de una nueva votación que esta vez se espera a favor—, aunque advierte de que hacen falta iniciativas de mayor calado. Reclama, por ejemplo, un mayor control sobre las empresas que se dedican al alquiler.Casla, que está especializado en derechos humanos y ocupa el cargo de relator especial desde mayo, recalca que la legislación española tiene "muchas carencias" para cumplir con el derecho a la vivienda que reconoce el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por España. El desajuste entre este tratado y la normativa nacional se ha evidenciado en el caso de Maricarmen. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU pidió la suspensión cautelar del desahucio mientras estudiaba una queja al respecto presentada antes del verano, pero el desalojo fue ejecutado.España va a ser condenada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas