El decreto que regulará las comidas que se sirvan en hospitales, residencias y escuelas infantiles ya está cerrado y se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes. La norma, que lleva cocinándose en el Ministerio de Consumo más de un año, limitará los ultraprocesados y los productos que deben ofrecerse también en bibliotecas, museos y universidades para garantizar una alimentación saludable, fijando unos mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad.Así, y según ha anunciado este lunes el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el 27 de octubre se aprobará definitivamente la que considera que es "la medida más importante que queda por aprobar en esta legislatura". "Va a suponer una transformación radical y profunda de una realidad que todo el mundo ha vivido y conoce, que es que la alimentación que recibimos cuando estamos en un momento particularmente vulnerable, ingresados en un hospital, o la que vemos que reciben personas queridas en un centro residencial, está muy lejos de lo que deseamos y de los que merecemos como país", ha subrayado el ministro en la rueda de prensa en la que ha dado a conocere los datos del sistema de dependencia correspondientes al tercer trimestre del año. El Ejecutivo ha ido anunciando algunas medidas a lo largo del último año, como que el 80% de los productos de las máquinas expendedoras de los hospitales y centros sociosanitarios tendrán que ser saludables y los que no lo sean (con ingredientes transformados, aditivos y alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal) se colocarán en posiciones menos visibles dentro de estas máquinas. También se regularán los menús infantiles de los hospitales y quedará vetado cualquier ultraprocesado (galletas, bollos o zumos azucarados) de los platos y menús que se sirvan a los niños en los comedores y cafeterías de estos centros sanitarios. En línea con el decreto de comedores escolares, en vigor desde el curso pasado, esta nueva norma se aplicará también en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, donde los desayunos y meriendas deberán estar libres de ultraprocesados y azúcares, que tendrán que sustituirse por frutas frescas, cereales integrales, productos lácteos sin azúcares, grasas saludables como aceite de oliva y alimentos proteicos. "Es una norma que genera fuertes resistencias porque hay lobbies y sectores empresariales muy poderosos que no tienen mucho interés en que prevalezca el derecho al bienestar, a la alimentación y a la salud sobre el derecho al lucro económico", ha reconocido Bustinduy, que también ha defendido que esta norma "extraordinariamente ambiciosa" viene a transformar la "contradicción" entre "cómo nos gustaría que nos trataran y cómo nos tratan en momentos particularmente vulnerables".