El Gobierno ha aprobado este martes una partida de 180 millones de euros para aumentar la oferta de viviendas de alquiler social y asequible en las zonas tensionadas. Se trata, por tanto, de una inyección de dinero que se reparte entre las cinco comunidades que aplican el mecanismo previsto en la ley de vivienda: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. Estos recursos "extraordinarios" podrán destinarse tanto a la promoción de nuevas viviendas como a la compra de pisos ya existentes por parte de las administraciones, entre otras líneas de actuación. "Cuando reconocemos zonas de mercado tensionado no estamos reconociendo algo positivo, sino un problema y, por tanto, la necesidad de abordarlo en sus soluciones", ha explicado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha defendido que la ley de vivienda habilita al Gobierno a movilizar "recursos extraordinarios" para atajar la crisis habitacional allí donde se han declarado zonas tensionadas. Este mecanismo, que permite topar el precio de los alquileres y ofrecer bonificaciones fiscales adicionales para los caseros, está previsto para zonas donde las familias tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda o donde el precio de los pisos haya crecido por encima del IPC en los últimos años. La declaración de zonas tensionadas corresponde a las comunidades. Son cinco las autonomías que han dado este paso y entre ellas se distribuyen los 180 millones de euros aprobados por el Gobierno, en función del número de municipios declarados como zonas tensionadas.En concreto, Cataluña es la que más fondos percibirá. Le corresponden 119,4 millones de euros para un total de 271 municipios declarados como zonas tensionadas. La sigue País Vasco, con 31 millones de euros y 18 municipios con restricciones; Navarra, con 13,3 millones y 21 municipios con zonas tensionadas; y Galicia y Asturias, con 10,2 millones y 5,9 millones de euros respectivamente. En el caso de Galicia, las zonas tensionadas solo funcionan en A Coruña y Santiago de Compostela, dado que la Xunta —al igual que el resto de comunidades del PP— discrepa de la utilidad de esta medida. En Asturias, son 5 municipios los afectados por las zonas tensionadas, aunque con aplicación restringida a barrios concretos. Hay un total de 317 localidades donde funciona este mecanismo y en ellas viven más de 9 millones de personas.Según ha explicado la ministra de Vivienda, las comunidades receptoras de estos fondos podrán destinarlos a varias líneas de actuación, todas ellas encaminadas a aumentar la oferta de alquiler social y asequible en zonas tensionadas. Podrán dedicarlos a la promoción o rehabilitación de viviendas tanto libres como protegidas que se destinen a estas fórmulas de arrendamiento. También podrán utilizarlos para comprar suelos sobre los que se edificar viviendas, para el desarrollo y la urbanización de suelos y para la compra de viviendas ya construidas y destinarlas a alquiler social o asequible. Además, a petición de las propias comunidades, se incluye la posibilidad de emplear estos fondos para financiar los avales de alquiler para inquilinos jóvenes.Alojamiento universitarioPor otro lado, el Ejecutivo también ha aprobado este martes los 45 millones de euros anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar alojamientos universitarios asequibles tanto para estudiantes como para personal docente e investigador. Estos fondos irán a proyectos concretos de siete centros públicos: la Universidad Autónoma de Madrid (13,3 millones), la Universidad de Castilla-La Mancha (8,1 millones), la Universidad Pablo de Olavide (6,5 millones), la Universidad de Burgos (5,9 millones), la Universitat Jaume I de Castelló (4,5 millones), la Universidad de Jaén (3,5 millones) y el Ayuntamiento de Lleida (2,9 millones). El Gobierno calcula que se podrán impulsar, en una primera fase, 2.000 plazas.El objetivo es facilitar el alojamiento a los estudiantes y al personal docente e investigador, así como favorecer la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias. Rodríguez ha defendido que las dos partidas aprobadas este martes por el Gobierno tienen el mismo propósito: "Avanzar en garantizar el derecho de acceso a la vivienda y promover vivienda allí donde más falta y a quien más falta hace".