La Cámara Alta ha cobrado protagonismo de cara al 29-N pese a haber sido durante años la gran olvidada de las campañas electorales. Habitualmente eclipsado por el Congreso, el Senado se ha convertido en un campo de batalla decisivo para dos grandes bloques. La mayoría que salga de las urnas puede condicionar importantes nombramientos institucionales y servir de contrapeso a la estrategia del rival. El PSOE y Frente Amplio acordaron concurrir en coalición mediante una lista única en la mayoría de las circunscripciones con el objetivo de multiplicar las opciones para competir con PP y Vox. Ahora, el bloque de la derecha mantiene negociaciones para pactar cómo presentarse al Senado y lograr más apoyos para hacer frente a la candidatura de la izquierda.Acostumbrado durante décadas a mayorías holgadas del PSOE o del PP, el Senado afronta ahora unas elecciones en las que unos pocos escaños pueden resultar decisivos para alcanzar —o impedir— la mayoría reforzada de tres quintos. De ella depende, entre otras cosas, la capacidad de influir en nombramientos institucionales de la próxima legislatura. Ahí está la clave de la pugna: la derecha aspira a sumar esa mayoría y la izquierda, a evitar que lo consiga. Un objetivo que afecta a todos los partidos, porque esos tres quintos son necesarios para intervenir en la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional.De las mayorías que se formen en el Senado dependerá la renovación de varios órganos, entre ellos el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Administración de RTVE. La Cámara Alta también participa en la elección del Defensor del Pueblo. Si PP y Vox alcanzan los tres quintos, podrían aprobar sin el PSOE los nombramientos que corresponden al Senado y ganar margen en las negociaciones sobre el resto de órganos. La coalición 'Senado de Progreso', formada por el PSOE y Frente Amplio, persigue arrebatar al PP la mayoría absoluta para que la Cámara Alta pueda actuar como contrapeso ante una eventual mayoría de derechas en el Congreso y tener algo de capacidad para negociar las renovaciones pendientes.La importancia que puede tener para un Gobierno contar con un Tribunal Constitucional afín ha quedado patente en la última legislatura. Bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la mayoría progresista se ha impuesto y ha adoptado decisiones de gran calado político: anuló la sentencia de los ERE de Andalucía, avaló la ley del aborto y la ley de amnistía y recientemente declaró amnistiable la malversación del procés, lo que permitirá el regreso de Carles Puigdemont. El órgano de garantías aún debe resolver varios de los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas y otros impuestos contra la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Asimismo, en cuestión de horas decidirá si entra a debatir la suspensión del derecho a voto de nacionalizados por la 'ley de nietos'. El Senado, campo de batalla políticoMás allá de las renovaciones institucionales, la Cámara Alta también proporciona un poderoso altavoz desde el que presionar al Gobierno o a la oposición durante toda la legislatura. De hecho, durante este último mandato de Pedro Sánchez, ha sido el escenario desde el que el PP ha ejercido de contrapeso por medio de su mayoría absoluta. Los populares han aprovechado su predominio en la cámara para fiscalizar al Ejecutivo mediante comisiones de investigación, solicitudes de comparecencias de ministros e interpelaciones. Además, aunque el Congreso tenga la última palabra legislativa, el control del Senado proporciona un escaparate institucional desde el que marcar agenda política a través de la presentación de proposiciones de ley o por medio de propuestas de veto a textos que emanan de la Cámara Baja.Por eso, el PSOE llevaba días negociando con el Frente Amplio una coalición para el Senado antes de que venciera el plazo de registro, el 16 de octubre. El acuerdo se cerró tras conversaciones discretas y a última hora. Pero la alianza finalmente ha precipitado un movimiento en el otro lado del tablero: PP y Vox han empezado a explorar una candidatura conjunta en algunas circunscripciones. En sectores socialistas ya cuestionan la estrategia de su dirección. A su juicio, podría haber intentado una fórmula similar a la que ahora negocian sus rivales: pedir a Frente Amplio que no se presente en la mayoría de las provincias e integrarlo de algún modo en las listas del PSOE sin agitar demasiado el avispero para no precipitar un movimiento similar en el PP y Vox."Es un mal acuerdo que puede acarrear otro más efectivo para la derecha", advierte una fuente de peso del partido. Su temor es que PP y Vox terminen concentrando el voto conservador en una sola papeleta para el Senado y que ese movimiento, además de facilitarles escaños en la Cámara Alta, refuerce la llamada al voto útil del PP también en las elecciones al Congreso.Otras voces socialistas, sin embargo, creen que aún es pronto para medir el impacto. A su juicio, dependerá de cómo se concrete el pacto entre PP y Vox y de cuántas provincias abarque. También confían en que una candidatura conjunta no les garantice los tres quintos necesarios para algunos nombramientos y renovaciones, uno de los objetivos que persigue la coalición de izquierdas.En todo caso, la cuenta atrás ya está en marcha: los partidos deben registrar las listas a las Cortes antes del próximo 26 de octubre. Las candidaturas de PP y Vox reflejarán el alcance de su negociación, mientras que las del PSOE y el Frente Amplio, el reparto acordado dentro de su coalición. Este último se está diseñando a partir de los resultados de 2023 y en todas las circunscripciones salvo las de Cataluña y Canarias. La fórmula que está sobre la mesa de la negociación mantendría al PSOE al frente de todas las listas, pero reservaría puestos al Frente Amplio según el resultado de hace tres años: donde los socialistas lograron tres senadores, conservarían los tres primeros puestos; donde obtuvieron dos, el Frente Amplio ocuparía el tercero, con la expectativa de disputar ese escaño. En la mayoría de las provincias, donde el PSOE consiguió un solo senador, se plantea una lista alterna: los socialistas ocuparían el primer y el tercer puesto, y el Frente Amplio, el segundo.