El Tribunal Constitucional y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con Cándido Conde-Pumpido y Manuel Marchena como respectivas puntas de lanza, se han enzarzado en un choque institucional inédito a razón de la aplicación de la amnistía. Las acusaciones cruzadas se suceden, cada vez más contundentes, entre ambas instituciones. El presidente del TC sostiene que el Supremo se ha alejado de la finalidad de la ley de amnistía y la ha interpretado de forma "impredecible". Manuel Marchena le rebatió este martes alegando que el Constitucional ha echado mano de una "innecesaria grandilocuencia" para invadir el "perímetro" reservado al Tribunal Supremo. Las relaciones entre el órgano de garantías constitucionales y el Supremo se vieron gravemente afectadas cuando el primero corrigió al segundo y anuló las condenas del caso de los ERE de Andalucía. El desencuentro no ha hecho sino empeorar y ha llegado a su auge este mismo martes, cuando el Tribunal Supremo admitió que no le quedaba más opción que amnistiar a los líderes independentistas condenados por el procés. Ahora bien, que la Sala Segunda se viera forzada a "acatar" la sentencia del Constitucional no impidió que Manuel Marchena copara su escrito de durísimas críticas al órgano que preside Conde-Pumpido. La disputa se mueve en dos planos diferentes. Por un lado están las interpretaciones irreconciliables que ambos órganos hacen de un mismo texto legal: la ley de amnistía. En un segundo plano está la consideración que hace el Supremo sobre los límites (sobrepasados, a su juicio) de las funciones del Tribunal Constitucional. Manuel Marchena ve invadidas las competencias de la Sala Segunda. El "propósito de enriquecimiento", esencia de la disputaEn el germen de la disputa jurídica entre el Constitucional y el Supremo hay una pregunta muy concreta: ¿En qué consiste enriquecerse? Además de concreta, es una pregunta decisiva, dado que la ley de amnistía solo se aplica a los delitos de malversación del procés cuando sus autores no actuaran con "propósito de enriquecimiento". Los legisladores, con intención de no dejar nada al azar, quisieron poner por escrito lo que la ley comprende por "propósito de enriquecimiento". Es el objetivo de obtener un "beneficio personal de carácter patrimonial". A esta pregunta concreta y decisiva, el Tribunal Supremo respondió que no solo se enriquece quien roba dinero público y se lo queda, también quien lo utiliza para organizar un referéndum ilegal que, de lo contrario, tendría que haber pagado de su propio bolsillo. Por tanto, decidió no amnistiar a los malversadores del procés.Al Tribunal Constitucional este razonamiento le parece "claramente expansivo, opuesto a la finalidad de la norma y contrario al reo", incluso "impredecible", "contradictorio", "irrazonable" y "carente de sentido". El escrito redactado por Conde-Pumpido y aprobado el 6 de octubre con el respaldo de la mayoría progresista del Pleno llega a acusar al Supremo de contravenir "las reglas de la lógica y el sentido común". Estas líneas han causado resquemores en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y así queda patente en el escrito de Marchena. El magistrado reprocha que la sentencia constitucional incluya "consideraciones que son manifiestamente prescindibles", "absolutamente innecesarias". La sentencia "encierra una descalificación" que "alcanza a catorce magistrados que han defendido la interpretación" del Supremo. "Entre los destinatarios de estos sobrantes epítetos" se incluyen también los cinco magistrados conservadores del Constitucional que se opusieron a la resolución aprobada por la mayoría progresista, tal y como subraya Marchena. Esto último hace "difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida", añade el magistrado del Tribunal Supremo. No obstante, su principal censura a la sentencia del Constitucional no tiene que ver con los ataques innecesarios al Supremo ni con los "sobrantes epítetos" que contiene. El principal problema para Marchena es que la sentencia implica "una ruptura del Tribunal Constitucional con su propia jurisprudencia histórica". Los límites del ConstitucionalEntender este debate requiere conocer cuál es la naturaleza y cuáles son las funciones del órgano que preside Conde-Pumpido. Por más que lo indique su nombre, el Constitucional no es un tribunal propiamente dicho, ni forma parte del Poder Judicial. Este órgano es "el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido únicamente a la Constitución y a su ley orgánica", que recoge esta definición en su artículo primero. No investiga, juzga, ni condena, sino que garantiza el cumplimiento de la Carta Magna. Una de sus funciones es proteger los derechos fundamentales establecidos en la Constitución española, y lo hace por la vía de los recursos de amparo. Una de las posibilidades de los recursos de amparo es corregir decisiones de los tribunales cuando estas implican una vulneración de derechos fundamentales. Como ya ocurrió en el caso ERE, esto mismo solicitaron los líderes del procés, al entender que la decisión de no amnistiar la malversación es una quiebra de sus derechos. El Constitucional ha dado la razón a la primera de las recurrentes, Dolors Bassa, y al hacerlo se ha extralimitado, según aprecia el Tribunal Supremo. El escrito de Marchena habla de "decisiones [en plural] del Tribunal Constitucional que han ensanchado, hasta límites inéditos en su propia historia, el espacio que el artículo 123 de la Constitución reserva a lo que ha de entenderse por garantías constitucionales". Explica que estas "decisiones" del órgano de garantías están afectando al "perímetro reservado constitucionalmente al Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes". El Constitucional está mutando en "una última instancia con capacidad revisora" de las decisiones del Supremo. De modo que, a juicio de la Sala Segunda, los pasos dados por el Constitucional están "desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978 al definir las relaciones entre los jueces independientes, inamovibles, responsables ante la ley y quienes sin esas garantías y durante un periodo temporal cerrado de nueve años se ocupan de preservar las garantías constitucionales". En su escrito, el juez Marchena saca a colación una sentencia del Constitucional, dictada en 2001, en la que se dice que este órgano debe tener un "respeto escrupuloso" cuando enjuicia una resolución del Tribunal Supremo. Esta postura abanderada por el TC en 2001 "ha quedado para la historia", lamenta el magistrado. El presidente del Tribunal Constitucional conoció este auto redactado por Manuel Marchena el mismo martes por la mañana, cuando estaba previsto que el Pleno debatiera el recurso de amparo presentado por Jordi Turull. Según fuentes jurídicas, Conde-Pumpido tomó la decisión de retirar su ponencia del orden del día "a la vista del auto del Tribunal Supremo", con intención de presentar el texto más adelante. De modo que es probable que el cruce de reproches entre estas dos instituciones no haya concluido todavía.