La Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), comenzará este sábado, 24 de octubre, a enviar la documentación electoral a los españoles residentes en el extranjero para las elecciones generales del 29 de noviembre, en un proceso marcado por la suspensión cautelar del derecho al voto de una 163.000 personas nacionalizadas al amparo de la denominada ‘ley de nietos’.Según el calendario electoral publicado por el INE, el primer envío de documentación se realizará entre el 24 y el 30 de octubre a los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que recibirán los sobres necesarios para votar, los certificados de inscripción censal y una hoja informativa. Las papeletas se remitirán en un segundo envío, previsto entre el 4 y el 8 de noviembre, aunque podrá demorarse hasta el día 14 en aquellas circunscripciones donde se hayan impugnado candidaturas.El Tribunal Supremo autorizó este viernes 23 de octubre, que se lleve a cabo el primer envío conforme al calendario previsto, pero ordenó que se advierta expresamente a los afectados por las medidas cautelares de que su inscripción en el censo tiene carácter provisional y no garantiza que puedan ejercer el derecho al voto.En concreto, el Alto Tribunal exige que estas personas acrediten mediante un certificado expedido por los Registros Consulares que son descendientes de españoles exiliados en las circunstancias previstas por la Ley de Memoria Democrática.Para conseguirlo, los afectados deberán demostrar que sus padres o abuelos, originariamente españoles, sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual y que perdieron o renunciaron a la nacionalidad española.El Supremo no admite, además, que esta condición se acredite únicamente mediante la presunción de exilio establecida en la polémica instrucción de 2022, que ha provocado que este asunto recaiga en los tribunales, para quienes son nietos o hijos de españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.La resolución judicial establece que la Oficina del Censo Electoral deberá excluir del listado de electores habilitados para votar el 29-N a los afectados que no dispongan de dicha certificación. No obstante, estos recibirán inicialmente la documentación electoral y, si intentan depositar su voto en los consulados sin figurar en el listado definitivo, sus sobres serán apartados y enviados de forma diferenciada a la Junta Electoral Provincial correspondiente. En el escrutinio únicamente se introducirán en la urna los votos de quienes figuren en el censo habilitado.Según los datos aportados por la Abogacía del Estado al Supremo, hasta el 21 de octubre el Gobierno había revisado 31.390 expedientes de los 163.020 afectados, pero únicamente se habían expedido 91 certificados que acreditaban el cumplimiento de los requisitos exigidos para votar. Esta cifra es todavía provisional, por lo que el resto todavía puede acreditar su situación.El Alto Tribunal dio además este viernes un plazo de cinco días a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que entreguen la relación nominal de los 163.020 afectados. El plazo finalizará a las 15.00 horas del 28 de octubre y, en caso de incumplimiento, ambos ministros se exponen a multas sucesivas y a posibles responsabilidades penales.