El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado este lunes que su departamento avanza con cifras que van "a buen ritmo" para cumplir este miércoles con el plazo del último auto del Tribunal Supremo, que avisó de multas al Gobierno si en cinco días hábiles no facilitaba la lista nominal de los 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'."Literalmente, todo el servicio exterior de España está volcado en el cumplimiento de los autos del Supremo", ha asegurado el ministro en una entrevista en RNE ante el plazo dado por el alto tribunal, que expira a las tres de la tarde del día 28.De no cumplirlo, tanto Albares como el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, podrían enfrentarse a una multa o deducir, en su caso, el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que correspondiese.Albares, que no considera que estos autos supongan "una injerencia electoral", ha afirmado que los cónsules están trabajando "a toda velocidad" para cumplir con las instrucciones del Supremo desde el primer momento y tienen directrices directas suyas de que se trata de una tarea "de cumplimiento inmediato y urgente" y que tienen a su disposición todos los medios que necesiten para cumplirla.Ha explicado que todo el proceso es muy complejo porque solo tenían las cifras de los nacionalizados pero sin nombres atribuidos y hay casos que no están digitalizados y hay que ir a los libros físicos para comprobar la entrada de registro.Además, los nacionalizados están mezclados y hay que buscarlos uno por uno, ha añadido, para determinar quién ha obtenido la nacionalidad por la 'ley de nietos'.Para poder llegar a tiempo de este plazo "exiguo", el ministro ha explicado también que se ha permitido que los consulados puedan permanecer cerrados "para cualquier otra tarea distinta" que no sea la de identificación de los afectados por la ley de nietos.El alto tribunal ha requerido a Exteriores y al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que remitan a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral la relación "nominal" de las personas afectadas.Desde el departamento que dirige José Manuel Albares han afirmado que, desde que se recibieron los autos del Supremo, "se suspendieron todos los permisos y vacaciones de los consulados", y se les ordenó a las oficinas que "destinaran todo el personal que fuera necesario para cumplir los autos".El Supremo señala que la multa ascendería a los 1.000 euros a los ministros que "incumplan este requerimiento" y comunica la posibilidad de "reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar".