El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la solicitud del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para acreditar el origen de las joyas que le fueron incautadas en el registro de su despacho. El exjefe del Ejecutivo sostiene que fueron un obsequio del monarca del país árabe durante su visita a España en 2007, pero el magistrado duda de que se trate de un "regalo institucional".En el escrito de Zapatero en el que defendía que los tres juegos de joyería compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros le fueron entregados como muestra de atención personal, cuando ostentaba la condición de presidente del Gobierno, explicaba también que los aceptó por deferencia hacia el soberano extranjero y los conservó desde entonces en el ámbito privado, junto con otras joyas de origen familiar y regalos recibidos de terceros, sin hacer uso de ellos ni conocer su valor material. Asimismo, la defensa del expresidente solicitaba al juez que pidiera una comisión rogatoria a Arabia Saudí para comprobarlo.Sin embargo, el magistrado, en línea con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, señala que no se trata de invertir la carga de la prueba ni de exigir al investigado la acreditación de su versión de los hechos. Lo que sí precisa es que en el momento actual "se constata que la hipótesis fáctica sobre la que descansa la diligencia interesada" carece de "un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia".Tal y como recuerda el magistrado en un auto, Zapatero afirma haber remitido dos comunicaciones, a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid, a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real saudí para obtener una confirmación oficial de los hechos ahora alegados, si bien no ha aportado acreditación alguna de la efectiva presentación o remisión de tales escritos. "Con todo, aun prescindiendo de esta circunstancia, la versión ofrecida carece en este momento de cualquier elemento objetivo de corroboración externa y no encuentra suficiente fundamento en los elementos obrantes en las actuaciones, a la vista de las consideraciones que se exponen seguidamente", advierte.En efecto, continúa el juez, consta la visita oficial a España del monarca de Arabia Saudí en junio de 2007. Asimismo, aparece documentada la entrega de determinados obsequios institucionales con ocasión de dicha visita que fueron incorporados al patrimonio público, una circunstancia que para el instructor "difícilmente se compadece con el tratamiento diferenciado que, según la versión del investigado, habrían recibido las joyas ahora examinadas".En este sentido, para Calama adquiere particular relevancia el hecho de que bajo la Presidencia de Zapatero se aprobara el Código de Buen Gobierno, en el que se establecía expresamente que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público. "Esta circunstancia pone de manifiesto el pleno conocimiento por parte del investigado del régimen aplicable a este tipo de bienes y, por tanto, no resulta coherente con la explicación actualmente ofrecida", destaca.Así, el juez no se cree que Zapatero no tuviera conciencia del valor material de las joyas incautadas, como alegaba su defensa, puesto que "resulta razonable inferir que unos juegos de joyería integrados por rubíes, esmeraldas y zafiros, atribuidos a un obsequio realizado por un monarca saudí, presentan una relevante entidad patrimonial".Para el magistrado, también resulta relevante que las piezas de joyería intervenidas no se encontraran conservadas en sus estuches originales ni fueran acompañadas de certificados de autenticidad, documentación acreditativa de procedencia o cualquier otro elemento identificativo habitualmente asociado a bienes de esta naturaleza y valor. Sin que ello, precisa, "permita extraer por sí solo una conclusión definitiva acerca de su origen". Por todo ello, añade Calama, "tales circunstancias difícilmente se compadecen con la tesis de que se tratara de un regalo institucional efectuado por un jefe de Estado y destinado a su incorporación al patrimonio público, supuesto en el que cabría razonablemente esperar la conservación de la documentación y de los elementos accesorios necesarios para su adecuada identificación, inventario y custodia".