El Gobierno asegura que cumplirá el plazo fijado por el Tribunal Supremo para identificar a las 163.020 personas afectadas por la suspensión del voto vinculada a la llamada 'ley de nietos'. La fecha límite vence este miércoles a las tres de la tarde. "Los ministerios competentes están comprometidos para que se cumpla el plazo", ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y es que el incumplimiento podría tener consecuencias para los dos ministros responsables. El tribunal contempla imponer una multa de 1.000 euros a los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, o enviar los datos a un juzgado de lo penal para que se investigue. El Supremo pidió a ambos departamentos que remitan a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral la relación "nominal" de las personas afectadas. Según Albares, todo el servicio exterior español está volcado en completar la tarea antes de que venza el plazo.En Moncloa insisten en que el tribunal ha encargado una labor compleja en un margen muy reducido, aunque confían en poder cumplir. El Supremo mantiene suspendido el derecho al voto de miles de personas nacionalizadas al amparo de la llamada 'ley de nietos', mientras determina cómo garantizar que sus inscripciones no se confundan con las del resto de españoles residentes en el extranjero.Desde que se conoció la suspensión, el Gobierno ha reiterado que identificar a los afectados es "complejísimo". En Moncloa tampoco ocultan su malestar con la decisión judicial, que consideran que "restringe" el derecho al voto. Pese a ello, el Ejecutivo está obligado a cumplir los autos del alto tribunal y a 24 horas de que termine este plazo para entregar información, cree que sí le dará tiempo.Albares aseguró en estos últimos días que los consulados trabajan a "toda velocidad" para atender un requerimiento de cumplimiento "inmediato y urgente". El proceso, según explicó, parte de una dificultad: el Gobierno dispone de cifras sobre las personas nacionalizadas, pero no de una relación con sus nombres. Además, algunos expedientes no están digitalizados, por lo que es necesario consultar los libros físicos de registro.El Ministerio de Exteriores asegura que las personas nacionalizadas aparecen mezcladas en los registros y deben localizarse una a una para comprobar quién obtuvo la nacionalidad por esta vía. De hecho, admite que para acelerar la identificación, los consulados podrían permanecer cerrados al público para cualquier tarea distinta de la encomendada. También se han suspendido los permisos y las vacaciones del personal y se ha ordenado a las oficinas destinar a la búsqueda todos los recursos humanos necesarios.