La última versión del decreto para ordenar los centros de datos en España que el Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado al Consejo de Estado previa a su adopción por el Consejo de Ministros sigue sin gustar nada a este sector, que aún piensa que los criterios más flexibles siguen siendo "inaceptables", pero contempla nuevas disposiciones que suponen 'salvar' al sector de la generación fotovoltaica y también a la gigafactoría de inteligencia artificial que el Gobierno proyecta construir en dos sedes, una en Tarragona y otra en Madrid, precisamente porque queda fuera de los criterios que obligará a cumplir al resto de instalaciones."Tiene tan claro el Gobierno que su propia normativa es incumplible que si se la aplica a sí mismo el que queda fuera es el centro de datos del Gobierno". Así de contundente se ha mostrado este martes Begoña Villacís, portavoz de la patronal de los centros de datos, Spain DC, sobre la excepción que figura en el nuevo borrador del decreto que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, acaba de remitir al Consejo de Estado, en uno de los últimos pasos antes de que eventualmente lo apruebe el Gobierno. Se refería al hecho de que en el nuevo redactado figura un "régimen específico" para centros de datos que formen parte de iniciativas de la UE y para los que España haya pedido financiación. De momento, todas las señales apuntan a la gigafactoría de Inteligencia Artificial con doble sede en Tarragona y Madrid que el ministro de Transición Digital, Óscar López, ha presentado como candidata a recibir financiación de la UE."No quedan exentos de los requisitos de eficiencia y de energía renovable. Se les aplican con especialidades, por fases y durante un plazo limitado, tras el cual quedan sujetos al régimen general", dice el borrador ya sobre la mesa del Consejo de Estado "para los centros de datos que formen parte de iniciativas de la Unión Europea cuya finalidad principal sea reforzar la soberanía digital europea, como las factorías y gigafactorías de inteligencia artificial y los supercomputadores, incluidos los proyectos presentados por el Gobierno de España a sus convocatorias", como es el caso calcado de la gigafactoría de Tarragona y Madrid.De este modo, podrían empezar a funcionar sin verse obligados a cumplir condiciones que, pese a haber sido flexibilizadas con más opciones, el sector de los centros de datos sigue rechazando. La principal tiene que ver con la obligación que persiste de que el 80% de la electricidad que consuman cada hora sea de origen renovable. Como es una cuestión que tanto centros de datos como sector energético advirtieron que es imposible de cumplir, Aagesen ofrece ahora una alternativa que los centros de dato consideran "inaceptable" igualmente.Consiste en que opten por acogerse a un régimen transitorio de cinco años, en el que los dos primeros solo tendrán que cumplir esa correlación horaria para el 60% de la electricidad que consuman y 70% en los dos siguientes pero con una condición más, que deberán participar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) y ser las primeras instalaciones en ser desconectadas cuando así lo solicite Red Eléctrica."Se nos hace elegir entre el tipo de soga con la que queremos ahorcarnos como sector", ha criticado Villacís sobre lo que consideran una amenaza de tener que apagarse si no cumplen con la primera condición del 80% de la electricidad hora a hora de origen renovable que no se aplicará en los primeros años a la gigafactoría de IA en Tarragona y Madrid para la que el Gobierno busca financiación de la UE. Spain DC recuerda que los centros de datos "no duermen" y que obligarlos a desconectarse a petición de Red Eléctrica "podría producir caídas en el sector digital"."Guiño" a la fotovoltaica, "exclusión de facto" a la eólicaAdemás de un proyecto con respaldo del Gobierno en la que Sp DC ve una clara "discriminación" del resto de centros de datos, Aagesen lanza otro capite a la generación de electricidad fotovoltaica, porque sus parques quedan exonerados de la obligación de haberse construido hasta 36 meses antes -en lugar de 18 meses, como apertura de mano- para poder suministrar electricidad renovable a los centros de datos.Según el último borrador del decreto, no existirá un límite de tiempo de la puesta en marcha de las plantas fotovoltaicas que puedan suministrar a los centros de datos -lo que desde el sector renovable se considera una "exclusión de la eólica-. "Las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica podrán ser empleadas para el cumplimiento del requisito de adicionalidad con independencia de su fecha de puesta en servicio, siempre que estas no tuviesen suscrito uno o más contratos de compra de electricidad renovable a plazo a la entrada en vigor de este real decreto", dice el nuevo texto, en una solución que responde a la advertencia de que en su formulación anterior, la exigencia de nuevas plantas hacía imposible aprovechar los vertidos de electricidad de origen fotovoltaico cuando hay demanda en el mismo momento de generarse."Es un guiño estupendo a los operadores fotovoltaicos, estarán muy satisfechos", ha afirmado Villacís horas antes de que la propia Aagesen sacara pecho de esta excepción precisamente ante el sector fotovoltaico en el Foro Solar organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) que ha empezado este lunes en Madrid."No tengo duda de que, la mayor parte de las horas, será energía fotovoltaica" la que consuman los centros de datos, ha dicho Aagesen a los representantes de este sector. "En el caso fotovoltaico, los centros de datos podrán comprar energía de cualquier instalación, independientemente de su puesta en operación, pero eso sí, siempre que no tengan un contrato PPA en vigor", ha enfatizado la vicepresidenta.Sin embargo, esta ayuda a la fotovoltaica no termina de justificar todas las carencias que, como los propios centros de datos, el sector renovable sigue viendo en la última versión del decreto que prepara transición ecológica. "Los cambios no resuelven los problemas de fondo, en lo esencial, seguimos igual", ha valorado el director general de APPA Renovables, José María González Moya, que lamenta que "se mantienen exigencias prácticamente imposibles de cumplir y un enfoque discriminatorio que excluye de facto a otras tecnologías renovables, particularmente a la eólica, y añade presión tanto al sector renovable como a la industria electrointensiva que queremos atraer".