De nada servirá cambiar un ministro o un Gobierno entero después de las elecciones del 29-N si la seguridad no recupera su condición de prioridad del Estado. Eso exige cambios esenciales en la configuración del Consejo de Ministros, en el organigrama de las empresas públicas y en el nivel de exigencia y control de las Cortes Generales. Los ciudadanos no hemos perdido la confianza en el tren, ni en España; hemos descubierto hasta qué punto importa nuestra seguridad y cuánto debemos exigir a quienes tienen la obligación de garantizarla. La seguridad no es lo que los políticos prometen cuando ocurre una tragedia: es todo lo que deben garantizar cuando gobiernan, antes de que ocurra. España acumula en los últimos años graves crisis de seguridad: las entradas irregulares masivas en Ceuta, la DANA de Valencia, el gran apagón peninsular, los devastadores incendios forestales extremos y dos accidentes mortales en la red de alta velocidad, Adamuz y Urda. Todas estas tragedias, junto a otras que permanecen en nuestra memoria, como el Prestige, el Yak-42, los atentados del 11-M o el accidente ferroviario de Angrois, interpelan a quienes han gobernado España, a los dos grandes partidos que se han alternado, el Partido Popular y el Partido Socialista. Más allá de las diferentes causas y de la gestión que tuvieron, de las que cada uno responde, ambos partidos tienen que darse cuenta de que no pueden continuar en un concurso de catástrofes y ranking de víctimas, porque el único homenaje a las víctimas y sus familias es trabajar con rigor y sentido de Estado para que no vuelva a suceder. No me resigno a que en España no sea posible anteponer el interés del país al interés partidista y dar un paso adelante en la normalización de los acuerdos de Estado. Si la seguridad de los españoles no es motivo suficiente para una auténtica regeneración de la vida pública, ¿qué podemos esperar y qué nos importa lo que intenten vendernos en la próxima campaña electoral? Cuando hablamos de seguridad nacional, de protección civil, seguridad ferroviaria, energética, seguridad sanitaria, hablamos de la necesidad de coordinación y cooperación de un conjunto de administraciones locales, autonómicas y del Estado, a cuyo frente hay diferentes partidos políticos. De su buen hacer dependen nuestras vidas.Durante décadas hemos repetido que España es un país seguro. La pregunta es: ¿estamos preparados para prevenir, gestionar y responder ante estos desafíos? Hoy no solo está en cuestión la seguridad de algunos sistemas, también se resiente la confianza de los ciudadanos en la capacidad de las instituciones para protegerlos. Al ministro de Transportes no se le exige responsabilidad por haber causado personalmente los accidentes de Adamuz y Urda, sino por sus casi tres años de gestión, prioridades y nombramientos de equipos al frente del Ministerio. Cuando tantas cosas y durante tanto tiempo fallan en el sistema ferroviario de un país, la responsabilidad no puede estar en el último eslabón, los trabajadores que están a pie de obra, máxime cuando ellos son los que llevan años reportando los fallos.El presidente Sánchez ha prometido llegar hasta el final, pero juega en tiempo de descuento. Para hacerlo, convendría que empezara por el principio: situar la ética de la responsabilidad en el centro de sus decisiones, anteponer lo que es justo desde la perspectiva de las necesidades de los españoles –no de un ministro– y dar un paso adelante hacia una verdadera regeneración de la vida pública española. No hablo de ayudas, subvenciones, ni transferencias a las Comunidades Autónomas. Hablo del valor de nuestras vidas, como nos recuerdan dolorosamente las familias españolas que hoy lloran la pérdida de sus seres queridos.