El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un decreto con 30 millones de euros en ayudas para las víctimas y familiares del accidente de tren en Urda, que ha dejado 69 fallecidos. El paquete de medidas incluye ayudas urgentes y anticipos de indemnizaciones para reducir los tiempos de espera, pero también bajas laborales por incapacidad temporal para los afectados por el accidente y una limitación al precio de los transportes alternativos al tren mientras la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía permanezca cerrada para que las tarifas no puedan superar las que había antes del trágico choque.La restricción de los precios será temporal y se aplicará mientras la circulación de los trenes continúe cortada, con el objetivo de evitar que se disparen las tarifas de otros transportes alternativos como aviones o coches de alquiler y eso dificulte aún más los trayectos entre Madrid y Andalucía. El Gobierno ha detectado en los días posteriores al accidente precios 8 y hasta 9 veces más caros que en las fechas previas. Esta medida afectará también el precio de los servicios de alojamiento vinculados a los desplazamientos en las zonas afectadas.Según fuentes del Gobierno, esta limitación temporal de los precios máximos está diseñada para que se pueda aplicar siempre que se produzca una situación de emergencia que altere "de forma significativa" las condiciones de oferta y demanda del mercado. El mecanismo consiste en que se fija como precio máximo el aplicable en un periodo anterior de referencia para evitar así incrementos desproporcionados que perjudiquen a los usuarios en un momento de "especial fragilidad". El Gobierno ya aprobó esta herramienta en febrero tras el accidente de Adamuz, pero PP, Vox y Junts la tumbaron en el Congreso.Aparte de esta medida, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros recoge 30 millones de euros en ayudas para las víctimas del accidente de Urda y para sus familiares. En concreto, 15 millones para ayudas urgentes y otros 15 para anticipos de indemnizaciones. En el caso de las personas fallecidas, los familiares percibirán una ayuda directa de 72.121 euros y otro monto de la misma cuantía en concepto de anticipo del seguro. En el caso de haber sufrido lesiones, la cuantía varía según la gravedad, con importes que oscilan entre los 2.101 y los 84.141 euros. Son las mismas cifras tanto para las ayudas directas como para el adelanto de indemnizaciones y se abonarán de forma íntegra, ya que están exentas de tributación.Además, también se modifican excepcionalmente las bajas laborales por incapacidad temporal de los afectados por el accidente ferroviario para tratarlas como un accidente de trabajo. De este modo, los afectados podrán recibir la prestación económica desde el primer día de baja, en vez de a partir del cuarto, y se les cubrirá el 75% de la base reguladora, en lugar del 60%. También las prestaciones por incapacidad permanente parcial derivadas del accidente y las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia tendrán la consideración de prestaciones derivadas de accidente de trabajo, siempre que así sean más favorables para los beneficiarios.Para acompañar a los afectados y a sus familias, el Consejo de Ministros también ha aprobado este martes la creación de Oficinas de Atención Integral a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que se desplegarán a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. El cometido de estas oficinas será ayudar a los afectados a solicitar y tramitar las ayudas y anticipos. En caso de no poder desplazarse físicamente a una oficina, los afectados podrán ser atendidos en su propio domicilio.