La Abogacía del Estado ha mostrado su rechazo a la suspensión del derecho al voto de los hijos de personas nacionalizadas a través de la conocida como 'ley de nietos', tal y como habían solicitado al Tribunal Supremo Vox e Iustitia Europa.En sus alegaciones, a las que ha tenido acceso la Agencia Efe, la Abogacía del Estado advierte al Supremo de que suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por esta ley podría afectar "al escrutinio final que haya de realizarse y proclamarse por cuanto pudieren existir sufragios emitidos pero pendientes de computar".Vox e Iustitia Europa han pedido al Supremo que suspenda cautelarmente el derecho al voto de los hijos e hijas de quienes previamente accedieron a la nacionalidad española a través de la conocida como 'ley de nietos', cuyo derecho al voto se encuentra actualmente suspendido por decisión del alto tribunal.En concreto, solicitan, como medida cautelarísima y sin oír previamente a las partes, que se suspendan los efectos electorales de todas las personas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que hayan adquirido la nacionalidad a través del Anexo III de la norma. Según Iustitia Europa, a 31 de julio de 2026, inmediatamente antes del cierre del censo electoral aplicable a estas elecciones, constaban 189.678 inscripciones correspondientes a este supuesto.De esta forma, la organización solicita que los sufragios puedan ser recibidos, pero permanezcan "separados y bajo custodia", suspendiéndose su incorporación al escrutinio hasta completar la identificación de los electores afectados y su relación con los progenitores ya sometidos a medidas cautelares.Por su parte, la Abogacía del Estado rechaza esta petición y argumenta que todavía no existe una sentencia firme que acredite que los afectados por la 'ley de nietos' hayan obtenido la nacionalidad de manera irregular.Asimismo, sostiene que el fallo de la sentencia no abarcaría ni alcanzaría a las personas sobre las que ahora se solicita la adopción de la medida cautelar, puesto que el título por el que habrían ejercido su derecho a optar por la nacionalidad española deriva de su condición de "hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad".La Abogacía del Estado también advierte de que la identificación individual de los afectados requeriría revisar manualmente expedientes en todas las oficinas consulares, una tarea que ya supuso un esfuerzo extraordinario en medidas anteriores y que resultaría inviable repetir en el plazo requerido.