El Tribunal Supremo ha reclamado el pago de un total de 647.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, ambos en prisión, y al comisionista Víctor de Aldama, en ejecución de la sentencia que los condenó por el cobro de mordidas en contratos públicos de mascarillas.La Sala que juzgó a los tres ha abierto la ejecutoria de la sentencia y les ha dado un plazo de 15 días para que abonen las multas, el decomiso de las cantidades procedentes del delito de cohecho y las indemnizaciones a las que fueron condenados.En concreto, el Supremo exige a Ábalos el pago de una multa de 52.500 euros, a Koldo García otros 45.750 euros y a Aldama, el único que se encuentra en libertad, 75.000 euros. Los tres deberán abonar además, en conjunto, los 430.298 euros de los que se beneficiaron mediante la comisión de un delito de cohecho, según la sentencia.Asimismo, Ábalos y Koldo García tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a las empresas públicas Ineco y Tragsatec con 34.450 y 9.500 euros, respectivamente, por la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro.Para todos estos pagos, los magistrados han establecido un plazo de 15 días, transcurrido el cual se procederá por la vía de apremio en el caso de las multas y las indemnizaciones.Las penas de prisión y las condiciones impuestas a AldamaPor otro lado, la Sala ha acordado las correspondientes liquidaciones de condena de las penas de prisión de Ábalos y Koldo García, fijando que el tiempo máximo de cumplimiento es de 116 años y seis meses en el caso del exministro y de 15 años para su exasesor.En cuanto a Aldama, los magistrados le obligan a comparecer semestralmente ante el tribunal para informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales y comprobar que cumple con el ordenamiento jurídico. Además, le conceden 15 días para ratificar su consentimiento a realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.El Supremo recuerda que ambas condiciones están directamente vinculadas a la suspensión de la ejecución de la pena de cuatro años y medio de cárcel que le fue impuesta por haber colaborado con la Justicia.